Investigan tres clínicas por presunto tráfico de órganos de pacientes

Investigan tres clínicas por presunto tráfico de órganos de pacientes

Investigan tres clínicas por presunto tráfico de órganos de pacientes

27 de Agosto del 2016 - 23:18

Escándalo en República Dominicana por investigación sobre tráfico de órganos humanos

Las autoridades judiciales y sanitarias dominicanas que investigan tres clínicas de la capital, clausuradas en las últimas horas, por presunto tráfico de órganos, anunciaron hoy que tras concluir las pesquisas disponen la reapertura de estos centros, informaron fuentes oficiales.

Los allanamientos, que comenzaron en la noche del miércoles, trajeron consigo que hoy el Ministerio Público y el de Salud Pública, interrogaran a personal y directivos de las clínicas Centro Médico Integral I, II y III de Santo Domingo este.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter la Procuraduría General de la nación escribió: "Las investigaciones que realiza el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Santo Domingo a varias instalaciones del Grupo de Clínica Integral, ha culminado".

"En ese sentido, por parte del Ministerio Público, queda sin efecto el cierre momentáneo de los recintos de dicho grupo que fueron intervenidos", refleja en un segundo tuit.

Por último explica que cuando el "debido proceso de la investigación así lo permita, se ofrecerán las informaciones al respecto".

Desde su clausura, estos centros han sido escenario de la retirada de documentos, ordenadores y objetos sanitarios.

Varias personas golpearon hoy el vehículo del fiscal al cargo del caso, cuando retiraba ordenadores y equipos del centro Integral II.

De acuerdo a fuentes judiciales, las requisas están relacionadas, presuntamente, con el hallazgo en el oeste de Santo Domingo, del cadáver de una niña sin varios órganos, que podría pertenecer a la desaparecida Carla Masiel Cabrera Reyes, de 10 años. Un caso que sacudió a la opinión pública dominicana hace un año.

Las autoridades sanitarias dominicanas no se han pronunciado respecto a la denuncia, pero este jueves, el ministerio de Salud Pública informó que con el objetivo de velar por el correcto manejo de los pacientes ingresados, colabora con el Ministerio Público y otras autoridades, que amparadas en la orden de un juez competente, realizan investigaciones en varias clínicas.

Expresó a su vez, que espera que las autoridades competentes concluyan la investigación legal, proceso en el cual no puede interferir.

Sobre el cierre de algunos establecimientos "el Ministerio de Salud está en el deber y la obligación de esperar que las autoridades competentes concluyan la investigación legal, en la cual no puede interferir", explicó en una nota.

Uno de los supuestos autores de la desaparición de la niña, y que colabora con las autoridades para esclarecer los hechos, acompañó la semana pasada a los investigadores a unos terrenos al oeste de Santo Domingo donde fueron encontrados unos restos óseos que aseguró pertenecían a la menor.

Afirmó que Carla fue secuestrada para traficar con sus órganos e involucró en el proceso a una clínica del este de Santo Domingo.

Una semana después de esta declaración las autoridades, que se habían mantenido en silencio, procedieron a allanar y posteriormente clausurar las tres clínicas, muy conocidas en el oriente de la capital dominicana.

La orden judicial del allanamiento, según revelaron hoy el diario dominicano "El Caribe" y la cadena de televisión "CDN", se ejecuta por, supuestamente, violar varios artículos de las leyes relacionadas con el tráfico de órganos de manera ilegal y lavado de activos.

Las mismas regulan la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos.

El Consejo Nacional de Trasplante (CNT), por su parte, pidió al Ministerio Público "suspender" lo que tachó de "redadas" a centros médicos de la parte oriental de Santo Domingo y calificó de manipulación la relación entre el caso de la niña Carla Massiel Cabrera y el cierre.

El CNT además opinó que este tipo de medidas sirven únicamente para fortalecer ante la opinión pública "que una leyenda urbana" por parte del imputado principal de la desaparición de la menor "pueda verse como una posibilidad real". 

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