Israel: 6,000 presos palestinos son convocados a huelga de hambre
Israel: 6,000 presos palestinos son convocados a huelga de hambre

Cerca de 6.300 presos palestinos están convocados a una huelga de hambre indefinida a partir de esta medianoche en Israel, coincidiendo con el inicio del Día Nacional de la Solidaridad con los Presos que se celebra el 17 de Abril.
"Desde que comenzó la ocupación (israelí) hace cincuenta años, unos 850.000 palestinos han experimentado lo que es estar en la cárcel", destacó a Efe Akram Atalah Alayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina.
Estas cifras significan que prácticamente una quinta parte de la sociedad palestina y un 40 por ciento de los varones adultos ha estado entre rejas en algún momento, "algo que afecta mucho a toda nuestra vida", asegura.
Los palestinos consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados "prisioneros de conciencia", mientras que las autoridades israelíes los denominan "presos de seguridad" y consideran los hechos por lo que son detenidos muchos de ellos "actos de terrorismo".
Lo cierto es que es difícil encontrar a algún palestino que no tenga o haya tenido a algún familiar o conocido encerrado en alguna de las 17 cárceles diseminadas por Israel, en la de Ófer -la única dentro de los territorios ocupados-, o en alguno de los dos centros de detención israelíes en el norte y sur de Cisjordania.
La Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, el Club de Presos Palestino y la Oficina Central de Estadísticas señalan en un informe publicado recientemente que desde la Segunda Intifada (2000-2005) unos cien mil palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados.
El documento también apunta que desde octubre de 2015, cuando se inicio la última ola de violencia protagonizada por atacantes palestinos, se han arrestado en Cisjordania cerca de 10.000, un tercio de ellos menores.
La organización Adamir, que trabaja en la defensa de los presos palestinos desde Ramala, cifra en 6.300 los presos actuales, incluidas 61 mujeres, 300 menores de 18 años y 13 parlamentarios.
Además, hay 500 personas que no conocen los cargos que pesan sobre ellos ni cuál será la duración de sus condenas porque han sido encarcelados bajo la figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida.
Alayasa denuncia que "hay un uso diferente de la ley sobre los palestinos" y argumenta que a estos Israel les aplica "la legislación militar y no la civil" y que practica abundantemente la detención administrativa que, sin embargo, prácticamente nunca se usa con israelíes.
También considera discriminatorio la situación de los presos: "los israelíes tienen, por lo general, derecho a un bis-a-bis. Esto no pasa con los palestinos, cuyo contacto con sus visitantes pasa por un cristal o un teléfono. Muchos padres no pueden visitar a sus hijos o al contrario, por razones de seguridad".
A menudo Israel rechaza las visitas de familiares de presos que hayan pasado también previamente por la cárcel.
La crítica sobre las condiciones de los internos está detrás de la huelga masiva de hambre que se inicia esta media noche y que fue convocada por el carismático líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la última Intifada.
"Miles irán a la huelga no por motivos políticos, sino humanitarios, para mejorar sus condiciones de encarcelamiento", valora el ministro palestino y presidente de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, Isa Qaraqe.
Bajo el lema "Huelga por la libertad y la dignidad", Qaraqe calcula que al menos 1.500 presos secundarán la protesta para demandar que los menores visiten a sus padres "sin acoso", mejorar las condiciones médicas de los internos, la política de traslados y visitas y la liberación de los presos enfermos.
De cara a la protesta, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdan, ordenó el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean transferidos a centros públicos, donde los doctores se han negado a alimentarlos a la fuerza, pese a la reciente decisión de la Corte Suprema que lo consideró constitucional, según ha informado el Canal 2 de la televisión israelí.
Amnistía Internacional ha pedido a Israel el fin de lo que considera una política "ilícita y cruel" con los prisioneros palestinos y advierte que viola la Cuarta Convención de Ginebra.
La organización recordó que, de acuerdo al derecho internacional, los detenidos en territorios ocupados no pueden ser transferidos al de la potencia ocupante, como ahora ocurre, y exigió terminar con "las restricciones excesivas a los derechos de visita" al entender que se están aplicando "como medio para castigar a los presos y sus familias".

Cerca de 6.300 presos palestinos están convocados a una huelga de hambre indefinida a partir de esta medianoche en Israel, coincidiendo con el inicio del Día Nacional de la Solidaridad con los Presos que se celebra el 17 de Abril.
"Desde que comenzó la ocupación (israelí) hace cincuenta años, unos 850.000 palestinos han experimentado lo que es estar en la cárcel", destacó a Efe Akram Atalah Alayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina.
Estas cifras significan que prácticamente una quinta parte de la sociedad palestina y un 40 por ciento de los varones adultos ha estado entre rejas en algún momento, "algo que afecta mucho a toda nuestra vida", asegura.
Los palestinos consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados "prisioneros de conciencia", mientras que las autoridades israelíes los denominan "presos de seguridad" y consideran los hechos por lo que son detenidos muchos de ellos "actos de terrorismo".
Lo cierto es que es difícil encontrar a algún palestino que no tenga o haya tenido a algún familiar o conocido encerrado en alguna de las 17 cárceles diseminadas por Israel, en la de Ófer -la única dentro de los territorios ocupados-, o en alguno de los dos centros de detención israelíes en el norte y sur de Cisjordania.
La Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, el Club de Presos Palestino y la Oficina Central de Estadísticas señalan en un informe publicado recientemente que desde la Segunda Intifada (2000-2005) unos cien mil palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados.
El documento también apunta que desde octubre de 2015, cuando se inicio la última ola de violencia protagonizada por atacantes palestinos, se han arrestado en Cisjordania cerca de 10.000, un tercio de ellos menores.
La organización Adamir, que trabaja en la defensa de los presos palestinos desde Ramala, cifra en 6.300 los presos actuales, incluidas 61 mujeres, 300 menores de 18 años y 13 parlamentarios.
Además, hay 500 personas que no conocen los cargos que pesan sobre ellos ni cuál será la duración de sus condenas porque han sido encarcelados bajo la figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida.
Alayasa denuncia que "hay un uso diferente de la ley sobre los palestinos" y argumenta que a estos Israel les aplica "la legislación militar y no la civil" y que practica abundantemente la detención administrativa que, sin embargo, prácticamente nunca se usa con israelíes.
También considera discriminatorio la situación de los presos: "los israelíes tienen, por lo general, derecho a un bis-a-bis. Esto no pasa con los palestinos, cuyo contacto con sus visitantes pasa por un cristal o un teléfono. Muchos padres no pueden visitar a sus hijos o al contrario, por razones de seguridad".
A menudo Israel rechaza las visitas de familiares de presos que hayan pasado también previamente por la cárcel.
La crítica sobre las condiciones de los internos está detrás de la huelga masiva de hambre que se inicia esta media noche y que fue convocada por el carismático líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la última Intifada.
"Miles irán a la huelga no por motivos políticos, sino humanitarios, para mejorar sus condiciones de encarcelamiento", valora el ministro palestino y presidente de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, Isa Qaraqe.
Bajo el lema "Huelga por la libertad y la dignidad", Qaraqe calcula que al menos 1.500 presos secundarán la protesta para demandar que los menores visiten a sus padres "sin acoso", mejorar las condiciones médicas de los internos, la política de traslados y visitas y la liberación de los presos enfermos.
De cara a la protesta, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdan, ordenó el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean transferidos a centros públicos, donde los doctores se han negado a alimentarlos a la fuerza, pese a la reciente decisión de la Corte Suprema que lo consideró constitucional, según ha informado el Canal 2 de la televisión israelí.
Amnistía Internacional ha pedido a Israel el fin de lo que considera una política "ilícita y cruel" con los prisioneros palestinos y advierte que viola la Cuarta Convención de Ginebra.
La organización recordó que, de acuerdo al derecho internacional, los detenidos en territorios ocupados no pueden ser transferidos al de la potencia ocupante, como ahora ocurre, y exigió terminar con "las restricciones excesivas a los derechos de visita" al entender que se están aplicando "como medio para castigar a los presos y sus familias".

Cerca de 6.300 presos palestinos están convocados a una huelga de hambre indefinida a partir de esta medianoche en Israel, coincidiendo con el inicio del Día Nacional de la Solidaridad con los Presos que se celebra el 17 de Abril.
"Desde que comenzó la ocupación (israelí) hace cincuenta años, unos 850.000 palestinos han experimentado lo que es estar en la cárcel", destacó a Efe Akram Atalah Alayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina.
Estas cifras significan que prácticamente una quinta parte de la sociedad palestina y un 40 por ciento de los varones adultos ha estado entre rejas en algún momento, "algo que afecta mucho a toda nuestra vida", asegura.
Los palestinos consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados "prisioneros de conciencia", mientras que las autoridades israelíes los denominan "presos de seguridad" y consideran los hechos por lo que son detenidos muchos de ellos "actos de terrorismo".
Lo cierto es que es difícil encontrar a algún palestino que no tenga o haya tenido a algún familiar o conocido encerrado en alguna de las 17 cárceles diseminadas por Israel, en la de Ófer -la única dentro de los territorios ocupados-, o en alguno de los dos centros de detención israelíes en el norte y sur de Cisjordania.
La Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, el Club de Presos Palestino y la Oficina Central de Estadísticas señalan en un informe publicado recientemente que desde la Segunda Intifada (2000-2005) unos cien mil palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados.
El documento también apunta que desde octubre de 2015, cuando se inicio la última ola de violencia protagonizada por atacantes palestinos, se han arrestado en Cisjordania cerca de 10.000, un tercio de ellos menores.
La organización Adamir, que trabaja en la defensa de los presos palestinos desde Ramala, cifra en 6.300 los presos actuales, incluidas 61 mujeres, 300 menores de 18 años y 13 parlamentarios.
Además, hay 500 personas que no conocen los cargos que pesan sobre ellos ni cuál será la duración de sus condenas porque han sido encarcelados bajo la figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida.
Alayasa denuncia que "hay un uso diferente de la ley sobre los palestinos" y argumenta que a estos Israel les aplica "la legislación militar y no la civil" y que practica abundantemente la detención administrativa que, sin embargo, prácticamente nunca se usa con israelíes.
También considera discriminatorio la situación de los presos: "los israelíes tienen, por lo general, derecho a un bis-a-bis. Esto no pasa con los palestinos, cuyo contacto con sus visitantes pasa por un cristal o un teléfono. Muchos padres no pueden visitar a sus hijos o al contrario, por razones de seguridad".
A menudo Israel rechaza las visitas de familiares de presos que hayan pasado también previamente por la cárcel.
La crítica sobre las condiciones de los internos está detrás de la huelga masiva de hambre que se inicia esta media noche y que fue convocada por el carismático líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barguti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la última Intifada.
"Miles irán a la huelga no por motivos políticos, sino humanitarios, para mejorar sus condiciones de encarcelamiento", valora el ministro palestino y presidente de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, Isa Qaraqe.
Bajo el lema "Huelga por la libertad y la dignidad", Qaraqe calcula que al menos 1.500 presos secundarán la protesta para demandar que los menores visiten a sus padres "sin acoso", mejorar las condiciones médicas de los internos, la política de traslados y visitas y la liberación de los presos enfermos.
De cara a la protesta, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Guilad Erdan, ordenó el establecimiento de hospitales militares para que los presos no sean transferidos a centros públicos, donde los doctores se han negado a alimentarlos a la fuerza, pese a la reciente decisión de la Corte Suprema que lo consideró constitucional, según ha informado el Canal 2 de la televisión israelí.
Amnistía Internacional ha pedido a Israel el fin de lo que considera una política "ilícita y cruel" con los prisioneros palestinos y advierte que viola la Cuarta Convención de Ginebra.
La organización recordó que, de acuerdo al derecho internacional, los detenidos en territorios ocupados no pueden ser transferidos al de la potencia ocupante, como ahora ocurre, y exigió terminar con "las restricciones excesivas a los derechos de visita" al entender que se están aplicando "como medio para castigar a los presos y sus familias".