Botan a corruptos de oficinas públicas

Todas las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de corrupción nunca más volverán a laborar en una dependencia delEstado. De este modo, el Poder Ejecutivo amplió ayer los alcances de la llamada “muerte civil” para los exfuncionarios públicos a través de la aprobación de varios decretos supremos.La ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, precisó que “la muerte civil” instauró la figura de la inhabilitación perpetua. Sin embargo, había una preocupación por la situación de funcionarios corruptos que laboran en el Estado en la actualidad.

“Hemos corregido esta norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción, para que las puedan despedir, aunque el hecho se haya cometido hace cinco años”, aseveró tras culminar la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. También se aprobó un paquete de medidas vinculadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en aras de perseguir y combatir el delito de lavado de activos. En relación a este delito se amplió los plazos de la investigación preliminar hasta 10 días y de prisión preventiva hasta 18 meses, con el objetivo de evitar la liberación indebida.