​Contraloría pide 24 años de prisión para expresidente regional de Tumbes

​Contraloría pide 24 años de prisión para expresidente regional de Tumbes

​Contraloría pide 24 años de prisión para expresidente regional de Tumbes

04 de Diciembre del 2015 - 13:42

Gerardo Viñas es investigado por obra de saneamiento inconclusa. Presuntas irregularidades habrían dejado 9 millones en pérdidas.

Gerardo Viñas Dioses exgobernador regional de Tumbes, podría ser sentenciado a 24 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir por un caso denunciado penalmente por la Contraloría General.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acusó formalmente a Viñas Dioses junto a otros 11 funcionarios de su gestión por el delito de colusión y otros en agravio del Estado.

Los acusados habrían ocasionado pérdidas por más de S/. 9.2 millones al Gobierno Regional de Tumbes al haber reconocido irregularmente una liquidación mediante una ilegal conciliación que se realizó dentro de un proceso arbitral, a favor de la empresa Inversiones SAC.

Esta empresa, alegando razones sin sustento técnico, dejó inconclusa e inservibles las obras de saneamiento del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen”, afectando a miles de familias tumbesinas.

PRUEBAS INCRIMINATORIAS

Las investigaciones de la Contraloría General sumadas a las de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyeron, entre otras, que el ex presidente del Gobierno Regional de Tumbes defraudó a su entidad concertando con la empresa contratista favoreciéndola en sus ilegales pretensiones económicas en desmedro de los recursos públicos, desplegando una serie de conductas con dicho objetivo y utilizando como mecanismo fraudulento un proceso arbitral, actos que resultaron vitales para la consumación de los delitos por provenir del máximo representante y titular del pliego presupuestal

Además, se confirmaron otros elementos probatorios que demuestran la ilícita concertación entre los funcionarios públicos denunciados y los representantes de la contratista para defraudar al Estado.

Por ejemplo, se ha determinado que durante la emisión del laudo arbitral varios de los funcionarios involucrados no se encontraban en el país y se comprobó que se realizaron comunicaciones entre los árbitros, funcionarios regionales y el representante legal de la empresa. También se determinó que altos funcionarios regionales se trasladaron a Lima para estar presente en la audiencia, muchos de ellos con pasajes pagados por la empresa.

ojo