Defensora del Pueblo saca cara por la libertad de prensa

Actualizado el 07/08/2022, 07:25 p. m.

Para la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, durante el primer año del gobierno de Pedro Castillo no han habido políticas en defensa de los derechos de los más vulnerables e, incluso, la libertad de expresión estaría siendo amenazada. A ello, señaló, se le suma una crisis política, enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo y una crisis de gobernabilidad, aspectos que aborda en esta entrevista con OJO.

Pedro Castillo ha cumplido un año frente al Poder. ¿Qué nos dice de su gestión, el hecho de que sume tres investigaciones por organización criminal en la Fiscalía?

El hecho de que tenga tres investigaciones es una situación muy preocupante. La crisis política es seria, y no vemos desde la Defensoría del Pueblo una solución dialogada, de consensos para poder salir de la crisis (…) La evaluación que hemos tenido del año de mandato ha sido que en varios temas han habido omisiones importantes. Por ejemplo, en el tema de corrupción no ha habido un interés por desarrollar políticas, no han habido ministros que hayan sido nombrados con idoneidad. Ha habido una reacción hostil con los medios de comunicación y esto continúa todavía.

¿Considera que el presidente está más preocupado en defenderse que en dar solución a los problemas del país?

Lo que no vemos es justamente esa preocupación en lo que es el buen servicio público, preocuparse por el interés general, los derechos de las personas y por darle viabilidad a nuestro país. Y claro son tan graves las imputaciones que se le hace, entonces, sí vemos y de eso se da cuenta en los medios de comunicación que hay una alta preocupación no solamente en el presidente sino en su gabinete por responder a esa situación prácticamente penal y también de responsabilidad política, y dejar los otros temas.

-Usted ha señalado que el “poder ha sido tomado por un conjunto de personas que han venido a saquear al Estado” y, al igual que la Defensoría del Pueblo otras instituciones se han manifestado en la misma línea. Sin embargo, él sigue allí. ¿A qué se debe ello?

En realidad, hay salidas constitucionales, pero que le corresponden a la representación nacional. Si bien es cierto (hay) un presidente con cinco denuncias serias, tenemos a un Congreso absolutamente fragmentado, hay tal fragmentación que impide que vayan a tomarse decisiones ahí. Y, por eso, es que la Defensoría del Pueblo siempre ha señalado que la salida de esta crisis tiene que ser consensuada, de un diálogo institucional serio, pero anteponiendo el interés general porque si cada quien va a pensar en sus posibilidades personales, en sus intereses partidarios, obviamente vamos a seguir en esta situación que tiene un directo impacto en la ciudadanía y, de ella, en la que es más vulnerable.

-¿Hay alguna acción concreta que pueda realizar la Defensoría frente a este escenario?

A la Defensoría no le corresponde tomar una acción concreta para desglosar el camino para esta crisis. Sin embargo, nosotros siempre hemos hecho el llamado para que esta crisis se pueda resolver en el marco del sistema democrático que tenemos, porque lo otro sería demostrar que la democracia no está funcionando, qué es imposible generar consensos para poder salir de una situación tan crítica, donde las instituciones están enfrentadas, la Gobernabilidad está en cuestión, tenemos una alta rotación de ministros, entonces sí hay una preocupación y siempre la Defensoría hace ese llamado.

-Y en ese camino, ¿se siente escuchada o qué ascendencia tiene la voz del defensor del pueblo?

No, las declaraciones o posiciones que expresa la Defensoría del Pueblo no son vinculantes. Nosotros hacemos proposiciones, recomendaciones, exhortaciones, llamamos a que las instituciones puedan responder a una situación problemática, pero lo cierto es que ahora con tal enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo no se ha llamado, por ejemplo, a un consejo de Estado que hubiera sido la vía para que todas las instituciones democráticas, los poderes del Estado y las autónomas puedan reunirse a dar una solución. Esto no ha sido posible porque el presidente no lo ha hecho. Lo otro es que no solamente es que la Defensoría es desoída, todos los ciudadanos en el país son desoídos porque nadie está conforme (...) Es como que hay dos mundos: uno el real que sufre el ciudadano de a pie y otro el de la política que más está viendo los cálculos de cómo hay acomodos y cómo se ubican en este escenario, que resolver el problema pensando en el país.

En ese trabajo que hace la Defensoría, ¿ha recibido alguna respuesta por parte del Gobierno?

Hay ministerios con los que tenemos una buena relación, con otros una cordial relación y hay funcionarios intermedios con los que logramos resolver los problemas. Sin embargo, sí creemos que hay temas que pasan por tener una voluntad política más explicita. Por ejemplo, en el tema de salud, ahora la Defensoría está exigiendo que haya una vacunación contra la viruela del mono. En América Latina somos el país que tiene la tasa de contagio más alta, entonces no podemos esperar a que esto se vuelva una pandemia diseminada para que recién pensemos en la vacunación. Lo estamos señalando, pero no hay respuesta.

El Congreso no se queda atrás en cuanto a corrupción: se ha condenado a un congresista por este delito y hay otros sindicados como los Niños. ¿Esto también impide salir de la crisis en la que estamos?

Definitivamente porque una de las cosas que permite una votación calificada es tener congresista que han salido de las bancadas o han sido, por lo que se dice, cooptados para tener un voto determinado en contra de la vacancia. Hay una fragmentación tremenda, hay acusaciones de corrupción, hay acusaciones de abusos contra mujeres, entonces no son las personas que podrían llevar a una solución al país; sin embargo, esto le pasa la factura a la ciudadanía, al desarrollo del país, no hay inversiones, la conflictividad es alta, no hay una política para ello, entonces sí es una situación bien preocupante la que tenemos.

Ya que me menciona la acusación de violación sexual (contra el congresista Freddy Diaz), ¿cree que la actuación de las autoridades ha sido óptima?

En un primer momento, nos dimos cuenta que quien estaba actuando con diligencia era la Policía Nacional; sin embargo, por no saber cuál era la competencia de la Fiscalía para investigar a un congresista, que es una Fiscalía Suprema, se perdieron valiosas horas para encontrar en flagrancia a esta persona. Obviamente, la diligencia va a seguir, pero lo cierto es que la víctima está sumamente afectada por lo que le ha pasado y firme en la sindicación de que ha sido una violación y que no habido consentimiento.

Otro de los aspectos señalados en el informe de la Defensoría son los reiterados atentados contra la libertad de expresión. ¿Está en riesgo este derecho?

La hostilidad a los medios de comunicación ha sido evidente (…) No hay esa opción de acercamiento para las repreguntas o las preguntas que le interesa a la gente, informar a la ciudadanía sobre los temas que le atañen directamente al presidente que tienen que ver con estos temas de corrupción y encubrimiento por lo que les estarían investigando. A parte de ello, esta propuesta de penalizar a quienes revelen información de procesos penales ha sido una clara muestra también de injerencia o lo último que ha hecho el presidente de señalar que va a demandar penalmente a la producción de un programa televisivo. Todo ello podría hacer concluir en que hay una censura o una excesiva preocupación por que los medios no cumplan con su labor, labor que tiene la finalidad de informar, transparentar la gestión pública y que haya una rendición de cuentas.