La vivienda del vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y líder del pueblo Shipibo-Konibo, Miguel Guimaraes Vásquez, fue objeto de un ataque perpetrado por individuos desconocidos. Durante el incidente, se reportó robo, daños en puertas y ventanas incendiadas, además de la presencia de un perturbador mensaje.
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Los hampones aprovecharon que Guimaraes Vásquez estaba retornando al país después de su participación en un importante evento internacional para cometer sus actos criminales. El defensor del medio ambiente había asistido a la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Este evento tuvo lugar del 22 al 24 de abril en Santiago de Chile.
“Denunciamos que este no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de violencia sistemática, amenazas y atentados contra los defensores indígenas, quienes luchan por defender los derechos colectivos y los territorios ancestrales ante el avance de actividades ilícitas”, se lee en el pronunciamiento de Aidesep, asociación que representa a que representa a 9 agrupaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades indígenas en el territorio nacional.
La entidad instó al Ministerio Público a comenzar de inmediato una investigación para recopilar pruebas que permitan identificar a los responsables del delito. Además, hizo un llamado al Ministerio del Interior para que tome medidas inmediatas y adecuadas para asegurar la seguridad y protección de Miguel Guimaraes y su familia. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad personal oportunas y efectivas para reducir y prevenir riesgos y amenazas. “Y una articulación multinivel con las dependencias policiales para que las medidas de seguridad sean permanentes”, exigió
Del mismo modo, exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a poner en marcha “el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, garantizando la articulación multinivel con las entidades estatales competentes y coordinando con las organizaciones indígenas”.
“Es obligación del Estado que las medidas de protección sean efectivas para evitar nuevos atentados”, recalcó.