Gregorio Santos saldría de la cárcel en las próximas horas
Gregorio Santos saldría de la cárcel en las próximas horas

, quien compitió por la presidencia de Perú desde prisión, será puesto en libertad tras pasar más de dos años en la cárcel sin sentencia, en medio de un juicio por corrupción, informó su abogado.

"Deberá afrontar el proceso judicial en su contra en libertad y con mandato de comparecencia", luego que un tribunal rechazó un pedido para ampliarle el período de prisión preventiva, dijo a la prensa Fernando Ugaz, abogado de Gregorio Santos.

Pese a estar tras las rejas, Gregorio Santos se postuló a la presidencia de Perú por el partido Democracia Directa logrando el 4% del respaldo popular (613.173 votos), en una posición incluso mejor que la de otros adversarios que competían en libertad.

La elección presidencial, que tuvo lugar el 5 de junio, la ganó en segunda vuelta el economista liberal Pedro Pablo Kuczynski.

Estando en la cárcel Gregorio Santos, un dirigente antiminero, también fue reelegido como gobernador de la región Cajamarca (norte), un departamento agrícola y ganadero donde la mayoría de sus habitantes se opone a nuevos proyectos mineros pues consideran que contaminan sus recursos naturales, principalmente el agua de sus lagunas.

La participación de Gregorio Santos fue clave para impedir la realización del proyecto cuprífero Conga, una sociedad integrada por la estadounidense Newmont y la local Buenaventura.

La minería es importante para la economía de Perú, que es el segundo mayor productor mundial de plata, tercero de cobre y quinto de oro.

"Ya no hay nada pendiente, ya no hay más pedidos, Santos saldrá en libertad en las próximas horas, solo es cuestión de trámites", dijo Ugaz.

El excandidato permanecía en prisión desde mayo de 2014 por los presuntos delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita para delinquir y colusión en agravio del Estado debido a supuestos malos manejos en su administración.

La fiscalía pidió 24 años de cárcel para Gregorio Santos porque asegura que existen hechos "sumamente graves" que ameritan la ampliación de encarcelamiento preventivo. Para sus simpatizantes, se trata de una represalia por su posición antiminera.

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