La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, dirigido por Rosio Torres (Alianza para el Progreso), una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular).
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¿Por qué la denuncia constitucionalmente? Esto por su participación en la reunión entre legisladores y figuras políticas de oposición al gobierno de Pedro Castillo.
“En mérito a la presente denuncia constitucional solicito se inicie el procedimiento de acusación constitucional (...) por infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 102°, 103°, 112°, 113°, 114° y 117° y por incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 317° y 349° del Código Penal”, se lee en el documento.
El pedido de la también congresista de Perú Democrático se fundamenta en la reunión del 9 de febrero en el hotel Casa Andina Premium, ubicado en Miraflores.
En la cita participaron los congresistas María del Carmen Alva (presidenta del Congreso), Patricia Juárez y Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular); Norma Yarrow y José Williams (Avanza País); Carlos Anderson (Podemos Perú); Lady Camones (Alianza para el Progreso) y José Arriola (Acción Popular).
Además, la nota periodística alude a la presencia de Úrsula Letona (excongresista de Fuerza Popular) y Jorge del Castillo (excongresista del Apra).
La denuncia presentada por Betssy Chávez recoge lo dicho en el informe del semanario donde indica que “se intercambiaron opiniones sobre qué artículo de la Constitución se debería modificar para acelerar la salida de Castillo” y “el único punto de la agenda era afinar la estrategia para sacar a Castillo de Palacio de Gobierno”.
Ante ello, juzga que la finalidad del cónclave parlamentario fue para “discutir y acordar la realización de cambios constitucionales con el propósito de dar una apariencia de legalidad a la salida del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo”.
“Se puede apreciar que las personas reunidas, directa o indirectamente, han manifestado una postura contraria al gobierno”, indica la denuncia constitucional.