​PJ reconoce que detenciones ilegales eran práctica sistemática de FF.AA.

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15 de Abril del 2019 - 22:17
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Condenan a dos exmilitares violadores de derechos humanos en el Perú

Familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos de Perú saludaron hoy la ratificación de la condena a dos exmilitares por su responsabilidad en un centro de torturas que funcionaba en la ciudad de Ayacucho, informó la agencia Prensa Latina.

La abogada de la Asociación Pro Derechos (Aprodeh), Gloria Cano, consideró histórica la sentencia a Humberto Orbegozo y Pedro Paz, ambos prófugos, a 23 y 30 años de cárcel, como autores mediatos de la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y otros delitos perpetrados contra 36 civiles en Ayacucho, en 1983.

El fallo, también los culpa del homicidio de Luis Alberto Barrientos, víctima de ejecución judicial y cuyos restos fueron encontrados sepultados en el campo de tiro del cuartel del ejército del que era jefe era Orbegozo.

Cano explicó que el dictamen de la Sala Penal Nacional, que ratifica el fallo por un tribunal en 2017, es histórico por reconocer por vez primera judicialmente que las detenciones ilegales eran una práctica represiva sistemática de las tropas que combatían al grupo armado Sendero Luminoso.

Indicó que no fueron hechos aislados sino 'múltiples casos cometidos por orden de una jerarquía militar en una determinada zona y época; es el primer caso patrón que ha sido judicializado y sentenciado', añadió.

'Este fallo reconoce que se vivió una historia de horror en Ayacucho como parte de la lucha antisubversiva', añadió la activista humanitaria.

La presidenta de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú, Adelina García, cuyo esposo, Zósimo Tenorio, fue secuestrado por militares en diciembre de 1983 y desaparecido.

Llamó al gobierno a detener a los responsables de los crímenes y señaló que las familias afectadas no buscan venganza sino justicia.

'Cuánto hemos llorado, cuánto hemos sufrido. Ahora estamos y que no se repita el horror vivido', dijo.

Los condenados se encuentran prófugos y Paz, quien tenía a su cargo la llamada casa rosada, un centro de torturas, viajó días antes de la primera condena a México, donde está detenido su hijo, el empresario Edgar Paz Ravines, porque tiene una sentencia en Lima por la muerte de 26 jóvenes en el incendio de una discoteca de la que era socio.

La Sala Penal anuló de otro lado la absolución en el anterior fallo, del exmilitar Roberto Saldaña, quien integró el estado mayor del cuartel comandado por Orbegozo, y dispuso que se le juzgue.

También dejó sin efecto la exclusión del caso, del oficial Carlos Briceño, ordenó que sea procesado por el delito de desaparición forzada y dispuso la captura de Arturo Moreno, otro involucrado.

La sentencia tuvo en cuenta testimonios de sobrevivientes de torturas sufridas en el cuartel y en la 'casa rosada', así como de exmilitares y expolicías que confirmaron esas declaraciones.

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