La historia de impunidad y revictimización que vivió la menor de 17 años asesinada en Jicamarca (San Juan de Lurigancho) por el confeso feminicida Daniel Juyo Pérez (23), el mismo sujeto al que detuvieron en el año 2020 por haberla secuestrado y violado, podría repetirse.
¿La razón? Según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), analizadas por OJO, en sus 69 penales hay recluidos 14,590 presos por violación sexual a niños y adolescentes, adultos y personas en estado de inconsciencia, de los cuales el 30.11% aún no tiene sentencia, como fue el caso de Juyo Pérez, quien salió libre por exceso de carcelería.
Juicios por violación sexual pueden llegar hasta 12 años sin sentencia
Juicios por violación sexual pueden llegar hasta 12 años sin sentencia
Liz Meléndez López, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, refirió a este diario que lo ocurrido con la adolescente y la cifra de internos que todavía se encuentran procesados refleja una espantosa realidad: que los procesos judiciales por este delito “demoran muchísimo tiempo e incluso pueden llegar hasta los 12 años sin una sentencia para el agresor”, como algunos casos atendidos por su institución.
“Es un horror (...) En ese tiempo, las víctimas dejan de creer en la justicia, dejan de confiar en el sistema estatal y en otros casos, como el lamentable feminicidio de esta niña, vuelven a ser victimizadas (...) Es claro cómo el sistema muestra una indiferencia frente a la vida de las mujeres”, sostuvo.
Anotó que los casos de violación sexual son de los crímenes contra las mujeres más difíciles de probar porque los operadores de justicia dudan mucho del testimonio de la víctima.
“La cantidad de pruebas que se piden frente a un caso de violencia sexual no necesariamente siempre están y lo que sí está es el testimonio de las víctimas. También recordemos que los casos de violencia sexual muchas veces no se denuncian inmediatamente, muchas veces las víctimas demoran mucho tiempo en procesar”, comentó.
En ese sentido, señaló que el sistema de justicia debe creer más en el testimonio de la víctima, el cual requiere ser recogido bajo los parámetros establecidos, así como en la afectación que tiene este hecho sobre su vida.
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“Todavía muchos jueces dudan mucho del testimonio de la víctima y caen en estereotipos; en averiguar el comportamiento previo de la víctima: si es que era una persona que salía, iba a fiestas, si tenía un vida social activa o no, y eso no tiene nada que ver con una violación sexual (...) Lo que se tiene que sancionar no es tu comportamiento previo ni posterior, lo que se tiene que sancionar es al agresor y no condenar a la víctima por un tipo de comportamiento que a la vista está plagada de machismo”, anotó.
Niñas y adolescentes son las principales víctimas de violación sexual
De enero a julio de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró un total de 5543 casos de violación sexual. El 67.3% de estos tuvieron como víctimas a niñas y adolescentes, el 32% a mujeres adultas y el 0.7% a adultas mayores. En cuanto a los agresores, la mitad fueron sus conocidos o familiares.
A la barrera que implica cuestionar a las mujeres, refiere Meléndez López, se suma la impunidad en los procesos, lo que “da el mensaje a las víctimas de que si denuncian no pasa nada”: por eso, hay un subregistro de casos de violencia sexual.
“Hay muchísimos casos que quedan en la impunidad; por eso decimos que los procesos que se ven son como la tercera parte de lo que realmente existe en el país”, señaló,
Ante ello, opinó que el Ejecutivo debe trabajar en la detección temprana de la violencia para evitar la múltiple victimización de las mujeres. Esto implica abordar la prevención con las familias diversas para proteger a las niñas de la violencia y no producir agresores. En cuanto al sistema de justicia, es importante fortalecerlo y articularlo.
Si usted o un familiar es víctima de este tipo de violencia u otra, llame a la Línea 100, servicio telefónico gratuito del MIMP, que derivará su caso a las áreas correspondientes. También puede acudir a los 247 Centros de Emergencia Mujer regulares (CEM) y los 175 que se encuentran en comisarías.