Funcionarios del Minsa y la Cancillería estuvieron a cargo de ofertar vacunas fuera del ensayo clínico de Sinopharm. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Funcionarios del Minsa y la Cancillería estuvieron a cargo de ofertar vacunas fuera del ensayo clínico de Sinopharm. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

La comisión investigadora del Ministerio de Salud (Minsa) identificó en su informe final a los responsables de ofertar de manera irregular la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, caso conocido como el ‘Vacunagate’.

Según el documento, se habría encargado a Carlos Castillo Solorzano, asesor de Inmunización del Minsa; y Jorge Arturo Jarama Alvan, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, asignar la vacuna candidata, según lo afirmado por Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

También se encontrarían vinculados a este hecho Hugo García Lescano y Javier Arturo Bustos Palomino, de la UPCH; y Eduardo Ticona, por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Estos hechos vulneran lo establecido en el Reglamento de Ensayos Clínicos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA, respecto a las personas que participan en la Ejecución de los Ensayos Clínicos, donde se considera que ‘el sujeto de investigación es el individuo que participa en el ensayo clínico’, y no otros ‘relacionados’ como se ha denominado en la sede de la UPCH”, dice el informe.

La comisión también señaló que se “evidencia” por parte de Germán Málaga, “la no aplicación” de los Lineamientos de las Buenas Prácticas Clínicas, Ética en Investigación en seres humanos y la normativa peruana para la realización de ensayos clínicos.

Cabe indicar que dicho grupo de trabajo entregó este jueves su informe final, tras 10 días de indagaciones. En el documento se estableció que son 470 las personas que recibieron las dosis, entre las que se encuentra la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti.

Además, en el informe final la comisión estableció una serie de recomendaciones, en las cuales destaca el pedido para investigar a los involucrados y elevar el documento a las instancias pertinentes para que apliquen sanciones.

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