“El fujimorismo está acostumbrado a ser oposición, pero no sabe actuar desde el gobierno”, declaró a Canal N sobre el régimen de Fuerza Popular.

No saben gobernar

Víctor Andrés García Belaunde recalcó que ya no se trata solamente de cuestionar o fiscalizar desde la oposición, sino de “tomar decisiones, administrar el Estado y responder por los resultados de gobierno”.

También expresó dudas sobre algunos integrantes del gabinete y cuestionó la capacidad del Ejecutivo para afrontar problemas como la inseguridad.

Víctor Andrés García Belaunde acotó que el Gobierno pierde con la salida de Rafael Rey Rey y que con su salida podría haber ganado la corrupción.

Hay lentitud

El economista Augusto Álvarez Rodrich acusó al Gobierno de falta de velocidad en la toma de decisiones.

“Los primeros 50 días no son lo mejor que podría haber ocurrido, porque el gobierno ha arrancado un poco lento. Tenemos un problema de ya demasiado diagnóstico en el Perú y tenemos un problema de gestión que no se cumple”, dijo en RPP.

Promesas incumplidas

Para el especialista en políticas públicas Juan Villarán, la lentitud en acciones más contundentes contra el crimen organizado choca directamente con las promesas de mano dura y eficiencia, realizadas durante la campaña.

“Se ha frustrado un poquito la expectativa. Las promesas de orden, etcétera, no se llegaron a hacer como se pensaba que iban a hacer. El Gobierno tiene instrumentos potentísimos donde no requiere facultades legislativas para comenzar a actuar”, sentenció.

Según el politólogo Martín Soto advirtió “un desconcierto de cosas de un régimen que prometía orden” y en lugar se observa “un amateurismo que no se ha visto quizás ni con el presidente (Pedro) Castillo”.

La narrativa oficialista es equívoca al “decir que solo las facultades salvarán al Perú; eso no es cierto”, acotó Soto.

Las redes sociales mostraron quejas al considerar que se pretende ocultar la real causa del asesinato, al considerar que las denuncias de “La China Polo” en casos de corrupción han sido las que ocasionaron su muerte por encargo.

Fiscalía

La fiscal provincial Dina Ramos, con cuatro fiscales adjuntos, viene “recabando las evidencias del caso” con la Policía y dispuso levantar el cadáver y “recabar los registros fílmicos captados por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos”, informó el Ministerio Público.

¿Feminicidio?

En redes sociales se criticó a la Fiscalía por lanzar la hipótesis de un feminicidio cuando la víctima había denunciado estar amenazada de muerte y nunca antes se investigó las denuncias de “La China Polo” por casos de corrupción.

“Femicidio es cuando la asesinan por su mera condición de mujer. Es un homicidio, ella estaba destapando a la mafia alojada en el gobierno”, indicó el usuario Juan García.

Garantías

En tanto, el equipo de producción de la periodista y candidata se pronunció exigiendo una investigación completa para dar con los responsables directos del crimen y pidió garantías para todo el equipo que ha trabajado con ella.

Se espera que esta vez sí se dé garantías y no como sucedió con “La China Polo”, quien pidió protección para su vida sin recibirla.

Durante una visita al Mercado Central de Caraz, donde realizaba actividades proselitistas, la aspirante a gobernadora por el movimiento político Socios por Áncash fue atacada a tiros por la espalda.

En la cabeza

“La China Polo” recibió impactos de bala en la cabeza y otras dos personas resultaron heridas.

Serenos de Caraz intervinieron a un venezolano sospechoso, de iniciales L.I.O.D., quien fue puesto a disposición de la Policía. Se le halló una pistola y se investiga si disparó y si el arma se usó en el crimen.

Amenazada

Días atrás, “La China Polo” -conocida por sus denuncias sobre corrupción en la Policía- aseguró que el jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, ordenó atentar contra su vida.

“He recibido tres llamadas de diferentes penales. Así, señores, para que escuche todo el mundo, las organizaciones internacionales, que sepan que esta Policía Nacional del Perú, más aún estos dizque intocables, el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo… de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor Revoredo ha ordenado un atentado contra mi persona”, afirmó en redes “La China Polo”.

Autoridades

También arremetió contra las autoridades del sector Interior y la Dirincri, señalando presuntos malos manejos e irregularidades y reafirmando que no daría un paso atrás en sus denuncias.

El último jueves, reveló tener audios, imágenes, fotos y documentación relacionados con hechos que podrían según ella involucrar al ministro del Interior, César Astudillo, Vladimir Cerrón y personajes del Vraem con el narcotráfico y Sendero Luminoso.

Acusó

Antes implicó a Astudillo, el diputado Harvey Colchado y el jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, Luis Flores, con supuestos hechos de corrupción.

Incluso vinculó a Astudillo con el ocultamiento de un caso de violación en Tarapoto.

Magaly Medina

En agosto, “La China Polo” tildó de “lavandera” a la conductora de TV Magaly Medina y a la notaría de su esposo, Alfredo Zambrano.

En sus reportajes de “China Polo Dominical”, Susy Aponte denunció que existían supuestos vínculos de tal notaría con redes de tráfico de terrenos y manipulaciones judiciales.

Magaly Medina negó las acusaciones en una carta notarial.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre en un bus escolar tras un torneo de futsal entre Surco y San Borja. La policía intervino a los diez menores dentro del colegio al día siguiente y los trasladó a la Comisaría de Familia. En paralelo, el Ministerio de la Mujer brindó apoyo legal y psicológico al estudiante y a su familia.

Ante la gravedad del caso, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la administración del colegio pasará del Ministerio de Defensa al Ministerio de Educación (Minedu) y que la institución será declarada en reorganización. Como primera acción, la Marina de Guerra separó de sus cargos a la directora, una docente y al entrenador del equipo.

Para resguardar al menor afectado, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que los investigados reciban clases virtuales y revisa si existían alertas previas de bullying. Asimismo, las autoridades investigan a tres adultos que viajaban en el bus para evaluar su deber de supervisión.

Por su parte, padres de familia del centro educativo realizaron un plantón en los exteriores del colegio para exigir justicia y mayor seguridad. En tanto, a la salida de la dependencia policial de San Borja, un familiar de uno de los alumnos retenidos agredió y escupió a un equipo de prensa que cubría las diligencias.

En el plano legal, por tratarse de menores de edad, el proceso se tramita según el Código de los Niños y Adolescentes en el sistema penal juvenil. De comprobarse su responsabilidad, los infractores recibirían medidas socioeducativas que contemplan el internamiento en un centro especializado por un periodo de cuatro a seis años.

El caso refleja una problemática crítica en el sistema educativo nacional. Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe del Minedu registró 11.805 reportes de violencia escolar en todo el país, de los cuales 8.156 correspondieron a agresiones entre alumnos, destacando un incremento del 35,4 % en denuncias de contenido sexual.

El registro oficial contabiliza también 3.649 casos de violencia ejercida por personal de los colegios hacia los estudiantes durante el mismo periodo. Estudios de la DRELM señalan además que el 36 % de los alumnos de secundaria en Lima Metropolitana requiere atención en salud mental debido a factores de acoso e inseguridad escolar.