Días atrás, la senadora fujimorista Martha Chávez ya advirtió que el Senado puede otorgar más facultades que las aprobadas en Diputados. Y su bancada no lo desmintió.

¿Más temas?

En Canal N, Segundo Tapia recalcó que, de los 66 temas solicitados, los diputados están “en su facultad de ver qué puntos aprueban” y luego “los senadores pueden modificarlos”.

Mientras decía que el Senado “respetará el espíritu de lo propuesto” en Diputados y afirmaba que decidirá “si hay que quitar, corregir, modificar”, la periodista con quien hablaba lo interrumpió y preguntó “¿añadir?” y Tapia, sin negarlo, dijo “o también rechazar” el dictamen que llegue de la cámara alta.

Tapia exigió que la Cámara de Diputados acelere el debate de la propuesta de ley para otorgar las facultades por tener esta semana para hacerlo y luego enviar el dictamen al Senado.

Radical

Además, acusó a la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados de tener una “posición radical”.

Ante la solicitud de JP, Obras y Ahora Nación al premier Luis Galarreta para que se envíe un nuevo pedido de delegación de facultades que se circunscriba solo a luchar contra la inseguridad ciudadana y medidas frente a El Niño, opinó que lo que se debe es aprobar el amplio pedido en curso.

Carlos Espá señaló que las decisiones del Ejecutivo se encuentran dentro del marco legal y constitucional.

Embajadores políticos

Explicó que, de acuerdo con la Constitución, la presidenta de la República tiene a su cargo la conducción de la política exterior del país.

En ese marco, señaló que la mandataria cuenta con la facultad de designar hasta el 20 % de los embajadores del Perú en el exterior, mientras que el 80 % restante corresponde a diplomáticos de carrera del Servicio Diplomático de la República.

Espá sostuvo que la presidenta Fujimori ha utilizado esta facultad de manera prudente y afirmó que el número de designaciones realizadas se encuentra “muy por debajo” del límite establecido por ley.

Excanciller de Dina

En un evento realizado en el Palacio de Torre Tagle, el canciller Carlos Espá destacó que el Perú está presentando una “candidatura sólida” ante la OIT para ser director con Javier González-Olaechea, excanciller de Dina Boluarte.

Dijo que Javier González-Olaechea cuenta “con una amplia base de apoyo” respaldada por el Gobierno y actores claves vinculados al mundo del trabajo y de los organismos multilaterales internacionales.

“En el marco de esa unidad trabajaremos juntos para conseguir los apoyos que sean necesarios, de manera que más adelante podamos decir con mucha satisfacción que los peruanos contamos con una gran representante al frente de la Organización Internacional del Trabajo”, aseveró Espá.

Estas capturas se realizaron luego de seis meses de investigación. Los agentes incursionaron en varias casas de San Juan Lurigancho, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Santa Anita, San Antonio de Huarochirí, Cusco y Pucallpa, para desarticular a “Los Injertos del Tren”.

Los policías rodearon la casa de Martín Germán Cárdenas Morales, “Martín”, cabecilla de la banda, quien al verse sin escapatoria se acercó a la ventana y levantó las manos en señal de rendición, y fue capturado.Simultáneamente, su hijo Angel Martín Cárdenas Silva, “Gordo Ángel”, también fue arrestado.

Según la investigación, esta red delincuencial cobraba cupos a los directivos de las empresas Santa Catalina, Etulsa, Pegaso y La 50, a quienes cobraban diez mil soles mensuales para brindarles presuntamente seguridad.

VIVO

“Martín” se hacía pasar como integrante de diveras bandas para cobrar a las empresas de transporte e incluso se contactó con el gerente de una de ellas para ofrecerle interceder para recuperar un terreno.

Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que Johnny Orcón Patilla “Johnny”, administrador de una empresa, se incorporó a una organización criminal.

Aprovechando que era el encargado de pagar los cupos, retiraba dinero sin conocomiento de los dirigentes de la empresa para entregarle a “Martín” y quedarse con una parte.

En el megaoperativo también fueron atrapados Manuel Roque Quispe, “Pelao”, y Santiago Callupe Rojas, “Callupe”, brazo armado de la red criminal que operaba desde el 2024.

ALGO MÁS

La acción policial incluyó la requisa de la celda de “Barrueta”, preso por extorsión en el penal Miguel Castro Castro.

Según el 7° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., un 16% de los encuestados ya dejó de utilizar el transporte público nocturno debido a la inseguridad. Otro 16% decidió reemplazarlo por taxis solicitados mediante aplicativos.

El miedo también determina cómo salen los pasajeros a las calles. Un 26% evita llevar objetos de valor o dinero en efectivo cuando se moviliza, mientras que el 24% procura viajar siempre acompañado para reducir el riesgo de convertirse en víctima de la delincuencia.

La preocupación ocurre en momentos en que el propio sector transporte enfrenta una ola de violencia. En lo que va del año se han registrado 251 ataques o víctimas dirigidas contra transportistas, con un incremento sostenido desde mayo.

Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 143, seguida del Callao, con 35, y La Libertad, con 22. Por distritos, el Callao encabeza la lista con 23 casos, seguido de Comas (15), San Martín de Porres (12), San Juan de Miraflores (11) y Sullana (11).

Entre enero y junio, además, se contabilizaron 33 episodios de ráfagas de disparos contra buses vacíos y 21 atentados con explosivos, empleados como mecanismos de amedrentamiento vinculados a la extorsión.

Pero el temor no termina al bajar del vehículo. El estudio revela que el 85% de la población urbana y rural evita salir de su vivienda o vecindario a partir de determinada hora por miedo a ser víctima de algún delito. Un 42% considera las 10 de la noche como su límite para permanecer fuera de casa y un 13% prefiere guardarse desde las 6 de la tarde.

Incluso, un 7% asegura que evita salir a cualquier hora, mientras que el 58% reconoce que actualmente sale menos que hace un año. Esta última cifra se eleva hasta el 65% entre las personas pertenecientes al nivel socioeconómico D.

Frente a esta situación, los ciudadanos demandan medidas más severas: el 35% pide unidades policiales especializadas, el 33% mayores penas de cárcel y el 31% recuperar el control efectivo de los penales e incrementar el personal policial. Sin embargo, el 66% no espera que la delincuencia mejore durante los próximos 12 meses.

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”, señaló Ricardo Valdés.