Así lo dispone el Decreto Supremo 128-2026-PCM, que declara la emergencia por 60 días en los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro (Lima), Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad).

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció labores de inteligencia dentro de estas prisiones, la distribución de los internos según sus delitos y beneficios según la conducta de los reos.

Medida

La emergencia abarca “el perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores”.

Por ello, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales respecto de las personas que ingresen o transiten al establecimiento penitenciario y al perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario mencionado.

Custodia

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) mantiene la administración y la custodia de las cinco prisiones.

Y la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegará operativos permanentes para garantizar la seguridad y la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad, en coordinación con el Inpe.

Operativos

Con apoyo militar, la PNP realizará labores de protección, seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del perímetro exterior circundante a los penales, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores, incluyendo, de ser el caso, la protección de su espacio aéreo y espectro electromagnético inmediato; además del control de acceso de todas las personas a las prisiones.

En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Inpe habrá operativos policiales-militares permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas y demás artículos prohibidos.

Inteligencia

Se ordena, asimismo, acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, la alteración del orden y las actividades delictivas en los penales bajo intervención.

Visitantes serán revisados para detectar objetos prohibidos.

La actuación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas se rige por los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, señala la norma que declara la emergencia.

El exjefe del Inpe Leonardo Caparrós ve un primer paso para recuperar el control de los penales y pidió un plan integral.

El Pleno del JNE, en mayoría, declaró infundada la apelación del ciudadano Ronald Castillo y ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había rechazado la solicitud.

¿Tacha?

El JNE consideró al pedido de exclusión como una tacha, al cuestionar la permanencia del candidato López Aliaga, y que el plazo para presentar la objeción era de tres días desde la publicación de la lista.

Precisó que la última publicación de la lista de Renovación Popular fue el 31 de julio, por lo que el plazo para una tacha venció el 3 de agosto. Y como la nulidad se pidió el 21 de agosto, concluido el plazo de tachas, el JNE lo declaró improcedente por extemporáneo.

Grave

En su voto singular, el magistrado del JNE Gunther Gonzales rechazó la “reelección encubierta”.

Indicó que la prohibición de reelección comprende todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos, y alertó del riesgo de que interpretaciones restrictivas permitan que exalcaldes, que postulen a primer regidor, retornen al cargo con las renuncias de candidatos a alcaldes que actúen como “testaferros”.

En defensa del fallo a favor de López Aliaga, el presidente del JNE, Roberto Burneo, juró que no existe la “reelección encubierta”.

Aurelio Pastor, un alanista que acompañó a Alan García como ministro en su segundo gobierno, será la voz del Perú en el importante foto internacional de la OEA, en momentos que Perú se alinea a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aurelio Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos.

En trayectoria pública figura un proceso judicial que derivó en su encarcelamiento tras dos condenas penales en su contra.

Condena y prisión

La condena contra Aurelio Pastor se originó en septiembre de 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de la ciudad de Tocache, en San Martín, enfrentaba dos procesos judiciales en su contra y contrató los servicios profesionales del aprista, ya para entonces exministro.

Según la acusación, Aurelio Pastor le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero para resolver su situación legal, conducta que quedó registrada en audios que posteriormente fueron difundidos por un medio periodístico y dieron origen al proceso penal en su contra.

Polémica liberación

Aurelio Pastor fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias, en su modalidad de influencias simuladas.

El aprista Aurelio Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo, en polémica resolución, al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL).