El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo rechazó dictar detención preliminar contra Corvetto porque considera que no hay peligro de obstaculización o fuga.

La Fiscalía y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional realizaron la diligencia por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril. A Corvetto se le investiga por dos delitos: colusión agravada y omisión de funciones.

En la investigación también están incluidos Juan Antonio Phang, suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral, y Juan Charles Alvarado, gerente general de Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución del material electoral.

En total, 12 inmuebles relacionados a los investigados fueron allanados, entre ellos el almacén de Galaga en Lurín. También los predios relacionados con Lilia Flores Banco, Juan Charles Alvarado Pfuyo e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, todos bajo la sospecha de colusión.

Tesis fiscal

El objetivo principal de la diligencia era la incautación de elementos que permitan corroborar la tesis fiscal sobre un presunto acuerdo ilícito para defraudar al Estado.

Según la tesis del fiscal Raúl Martínez, Samamé flexibilizó los términos para que la empresa Galaga termine ganando la buena pro. La Fiscalía también sostiene que Corvetto designó a Samamé, sin que presuntamente tenga la experiencia.

Asimismo, para el fiscal, Corvetto “concertó con el proveedor Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa Galaga”.

Respecto al delito de omisión de funciones, se señala que Corvetto no aseguró que más de 50 mil electores votaran el 12 de abril por la no instalación de sus mesas de sufragio.

Por las puras

“La mayor parte de los elementos probatorios ya deben haber sido ocultados, declaró el abogado penalista Vladimir Padilla, al calificar los allanamientos como “una crónica de un fracaso anunciado”. “Es muy difícil que la Policía halle información útil”, dijo por su parte el abogado Carlos Caro.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que darnos una solución ya. Si no, arde Troya. No soy una persona que aguanta el robo y la injusticia”, expresó en redes sociales.

Insistió que el JNE debe anular total o parcialmente los comicios, o convocar a una jornada suplementaria de votaciones, aunque ninguna de estas posibilidades está contemplada en la ley.

“Usted está siendo cómplice de un señor (Piero) Corvetto que va a terminar en la cárcel”, dijo de manera directa al titular del JNE, Roberto Burneo. “Usted tiene que dar una solución para que 1,5 millones de peruanos ejercen su derecho (al voto)”, añadió.

Contra Corvetto

“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo voy a encargarme de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, afirmó sobre el exjefe de la ONPE, quien es investigado.

Al 94.9781% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (FP) encabezaba la votación presidencial con 2’725,654 votos (17.05%), Roberto Sánchez (JPP) seguía segundo con 1,924,728 votos (12.04%) y Rafael López Aliaga en tercer puesto con 1’901,795, votos (11.89%). Sánchez superaba a López Aliaga por 23 mil votos en promedio.

Unas 4,650 actas faltan evaluar en los Jurados Electorales Electorales para luego ingresar los votos al conteo general.

Piero Corvetto pide garantías para su vida, al alegar que sufre amenazas.

Sin embargo, la principal “amenaza” es que se le dicte detención preliminar.

Pedido

Al respecto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que la noche del martes el Ministerio Público oficializó la solicitud de detención preliminar contra Corvetto y otros funcionarios electorales, y se aguarda que el juez de turno anuncie la fecha de la audiencia para evaluar el pedido.

“Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la brevedad posible”, señaló, al confirmar que Corvetto entregó voluntariamente, a la Fiscalía Anticorrupción, sus pasaportes italiano y peruano.

Fuga

Con esa acción y otras, como fijar su domicilio y ponerse a disposición de la Fiscalía para colaborar en las investigaciones, Corvetto busca reducir los elementos de sospecha sobre su eventual peligro de fuga que abone para su detención preliminar.

Sin embargo, Corvetto tendrá un problema de no contar hoy con un trabajo formal y conocido, ya que ese elemento suele ser considerado por el Poder Judicial para, sin arraigo laboral, enviar investigados a detención o prisión.

Aunque las pesquisas son preliminares, el fiscal anticorrupción Raúl Martínez investiga el delito de colusión debido a un presunto favorecimiento a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del reparto del material electoral.

Doloso

“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, dijo Gálvez.

Acotó que, ante las irregularidades en la jornada electoral del 12 de abril, la Fiscalía atribuye a Corvetto la presunta comisión de “colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones” durante su gestión como jefe de la Onpe.