Esta convocatoria se da en medio de rumores de un posible indulto al presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años de cárcel por el golpe de Estado y es investigado por otros hechos de corrupción.

El grupo de trabajo aprobó ayer la citación con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, tras la iniciativa presentada por el congresista Ilich López.

“Han salido unas resoluciones respecto al cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales. Considero, por tanto, que es importante y necesario que el ministro se presente al pleno de esta comisión”, indicó López en su pedido.

Alertan a Balcázar

“Sería lo peor que le podría ocurrir al país”, declaró la congresista Lady Camones sobre el posible indulto a Castillo. “Exhortamos al presidente Balcázar que de ninguna manera siquiera tenga la mínima intención de ejercer este indulto”, añadió, al precisar que “atentó contra la democracia”.

El Minjus informó que la Comisión de Gracias Presidenciales, en su sesión ordinaria del último 30 de abril, declaró “inadmisible” la solicitud de indulto presentada por Castillo, quien pidió a Balcázar que cumpla su palabra empeñada.

El Minjus calificó de “falsa y dendenciosa” la información de que los cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales eran para liberar a Castillo.

La secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo, afirmó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) vienen resolviendo las actas observadas y recontando votos y, por su parte, el JNE lleva adelante las audiencias públicas sobre las apelaciones.

Precisó que ayer jueves 7 de mayo era la fecha límite para que los 60 JEE del país culminen con las audiencias de recuento de votos.

Hasta anoche, Keiko Fujimori (FP) sumaba 2’835,077 votos, Roberto Sánchez (JPP) 1’990,790 y Rafael López Aliaga (RP) 1’967,974.

Debate

En tanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que no existen pruebas fehacientes de fraude electoral, pero anotó que sí hubo irregularidades.

En tanto, la Municipalidad de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del JNE del 23 de abril, que declaró inviable la realización de elecciones complementarias.

“Si el Tribunal Constitucional resolviera fundada la demanda competencial, de ninguna manera implicaría la nulidad del proceso electoral porque es un tema que no le compete a la justicia constitucional”, explicó el abogado Luis Lamas en RPP.

La Fiscalía realizó diligencias en la sede de la ONPE y en su almacén ubicado en Lurín, para verificar la legalidad de las firmas de votantes.

Con lo propuesto, en la práctica, la segunda vuelta no podría realizarse el 7 de junio, tal como está previsto.

Aunque no mencionan nombres, con lo propuesto también en los hechos evitarían que Roberto Sánchez (JPP) pase a la segunda vuelta electoral, tal como pretende Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Encabezado

Bajo el rótulo de “La verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia”, demandan que, “ante las irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril”, la auditoría externa se realice antes de proclamación de los resultados de la primera vuelta, así como la separación del jefe interino, Bernardo Pachas, y “todo el entorno del anterior” titular de la Onpe, medidas que descabezarían al ente encargado del proceso electoral en curso.

Gremios

Los firmantes son la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras, la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) y el Gremio de Transportistas y Carga Pesada del Perú (GRETCAPP), el Gremio de Transportadores y Logística del Perú & América (GTL) y la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM).

Empresa extranjera

Los firmantes reclaman que una “evaluación técnica independiente” determine si los problemas reportados obedecen a fallas operativas o a una posible intervención indebida en el sistema electoral y, por ello, proponen que la auditoría sea realizada por una firma internacional de prestigio, cuyos resultados se conozcan antes de la proclamación oficial.

También proponen que las Fuerzas Armadas se encarguen del traslado y resguardo del material electoral, como medida de seguridad adicional frente a posibles riesgos de “manipulación externa de los votos”.

Exigencia de estos gremios apunta, en la práctica, a que se altere el cronograma electoral en marcha.