“Bueno, yo creo que son palabras excesivas, ¿no? Pero son opiniones y se respetan las opiniones”, indicó sobre lo dicho por Humala, para quien el sector que lidera dio la mitad del 12 % de votos que con que JP irá a la segunda vuelta con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú evitó criticar a Humala, lo que podría implicar la pérdida del bolsón de votos etnocaceristas que, según el cabecilla del “Andahuaylazo”, votará por JP en la segunda vuelta del próximo domingo 7 de junio.

Sánchez anunció que pronto dará a conocer a otros partidos que respaldarán a JP en la segunda vuelta, tras conocerse el apoyo público de Ahora Nación, de Alfonso López-Chau, y del Partido Cívico Obras, de Ricardo Belmont.

Quien ratificó que no apoyará a Sánchez es el líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto.

“Uno de los aliados que ahora esconden (en JP) es Humala. ¿Qué nos promete? Paredón, marihuana y Estado teocrático tahuantisuyano ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XXI y es un aliado fundamental (de Sánchez). Y lo mismo, la presencia en el Congreso de gente que viene del Movadef y de Sendero Luminoso”, declaró Nieto a Exitosa respecto a sus diferencias con JP.

Críticas

En tanto, el excongresista José Barba Caballero recalcó que el apoyo del etnocacerista a JP confirma “el pacto extremista”, aunque “Antauro tiene claro que el camino de deslealtades del camarada Sánchez es una marca registrada”.

“Es muy difícil que salga de ese escenario. Antauro ha movilizado sus bases para apoyar la candidatura de Sánchez, hay que ser tremendamente ingenuos para no reparar en esto”, acotó el analista César Campos.

“Atencio, Chau, Nieto, Pérez, Guevara, Lescano y ahora Belmont. A todos, Sánchez les anda prometiendo ministerios. Confirmado, Sarratea se mudó a San Borja”, dijo Vladimir Cerrón.

“Juntos por el Perú buscó lavarse la cara y moderar posiciones frente al electorado. La intención de los técnicos de Juntos por el Perú, técnicos prestados porque acababan de entrar, era lavarse la cara un poco, moderar y quitar los miedos”, recalcó sobre el debate de la noche del domingo frente a los técnicos de Fuerza Popular.

Eso explica, por ejemplo, que se haya dicho que se pedirá la continuidad de Julio Velarde como presidente del BCR, cuando antes el mismo candidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, abogaba por destituirlo.

Dos encuestas sobre la segunda vuelta se han publicado en los últimos días (Datum e Ipsos) y en ambas gana la candidata Fujimori.

Críticas a JP

En declaraciones a Canal N, Castilla alertó que “en el plan de Juntos por el Perú no van a encontrar ni una sola palabra de estabilidad económica”.

Sobre el capitalismo popular, el economista señaló que Fuerza Popular (FP), de Keiko Fujimori, impulsará la inversión privada, mientras que el plan de JP no considera ello.

“Lo más importante es apoyar pequeñas y medianas empresas, dando créditos y garantías. En JP no apuestan por la inversión privada”, enfatizó.

Contra Francke

Además, Castilla criticó la presentación del economista de JP Pedro Francke por brindar datos falsos sobre crecimiento económico que no hubo durante su gestión como ministro de Pedro Castillo.

“Completamente desordenado y sin un hilo conductor, así es el Plan de Gobierno de Juntos por el Perú. Y sus propuestas más bien parecen un manual para destruir la economía del país en seis meses”, opinó Juan Sheput.

¿Desastre?

Para la congresista de AP Maricarmen Alva, “el debate técnico dejó una conclusión evidente: quienes acompañaron y justificaron el desastre de Castillo hoy pretenden presentarse como alternativa”.

“Poner a Pedro Francke, Hernando Cevallos o Gustavo Guerra García significa regresar a las mismas recetas que llevaron al país a la crisis: ataques al modelo económico, cuestionamientos al BCR, improvisación y un pésimo manejo del Estado. El Perú ya sabe lo que produce la improvisación: pobreza, crisis e inestabilidad. No repitamos el mismo error”, enfatizó Alva.

La exministra Hania Pérez de Cuéllar cuestionó que se prometa muchas obras sin decir ¿con qué dinero? y ¿cómo?

En el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE se revela que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE requirieron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos para el transporte de material y equipos informáticos electorales.

A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6′368,332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168,148.19. 

Asimismo, con la aplicación del criterio de reducir en dos metros a la longitud de los vehículos, se evidenció que los evaluadores consignaron información inexacta respecto a la capacidad de carga de seis vehículos del postor ganador, por lo que se le adjudicó un puntaje que no le correspondía, no obstante que su oferta fue superior en S/ 469 404.09 con respecto al postor que debió resultar adjudicado de la buena pro.

Estas situaciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral al favorecer indebidamente al postor ganador, quien además dio el servicio con 437 vehículos de terceros (92 % del utilizado) y solo con 40 vehículos propios (8 %), lo que se originó por el accionar irregular de los evaluadores designados para la fase de selección.

Del mismo modo se verificó el accionar irregular del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes a pesar de tener conocimiento de la cantidad mínima de vehículos que se requería (68 vehículos propios hasta un total de 400 vehículos), no actualizaron su requerimiento y se procedió a elaborar los términos de referencia sin determinar ni consignar en los mismos la cuantificación real de vehículos (400) para realizar el servicio de transporte a los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao.

Distribución inoportuna afectó a electores

Otro hecho irregular fue que funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral solicitaron y permitieron el traslado de equipos informáticos electorales de la jornada de capacitación (realizada el 5 de abril de 2026) para destinarlos al proceso de Elecciones Generales 2026 como contingencia.

Sin embargo, ello se realizó sin efectuar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos y sin realizar ninguna observación, viabilizando el repliegue y entrega inoportuna de dichos equipos, a pesar de tener conocimiento de la afectación al cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).

Estos mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios que involucraban a 2’453,791 electores, consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales.

Tales hechos generaron que se distribuya inoportunamente el material y equipos informáticos electorales a 3605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no fueron instaladas el día de la votación en Lima Metropolitano y se afectó el derecho de sufragio de 55,261 electores y la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte para su despliegue.

La Contraloría determinó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron, entre el 7 y 9 de abril de 2026, prestaciones adicionales por S/ 650,205.94, derivado del contrato de servicio de transporte de material y equipos informáticos electorales por S/ 6’368,332.75, sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad pública del contrato.

Como parte de las prestaciones adicionales se solicitó sin sustento alguno el incremento de rutas, unidades vehiculares de contingencia y la variación del precio unitario de S/ 0.60 por kilogramo para el servicio de repliegue de 5441 equipos informáticos desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Metropolitana y Callao al local de Lurín hasta S/ 6.00 por kilogramo desde los locales de votación al local de Lurín, lo que significó un incremento de 900 % respecto del contrato principal.

Recomendaciones

La Contraloría General recomendó al titular de la ONPE realizar las acciones que permita efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares.

También se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades. Finalmente, el informe recomienda comunicar los hallazgos del informe al titular de la Junta Nacional de Justicia para que disponga el inicio de las acciones que correspondan.

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“No al voto en blanco, no al voto nulo y no al comunismo y la izquierda radical”, demandó.

¿Riesgo?

“Hay un riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical. En esa foto no somos tibios. Somos muy claros (…) No al voto en blanco, y no al voto viciado”, insistió al apoyar a Fujimori.

López Aliaga insistió en un fraude en su contra y en que debió pasar a la segunda vuelta junto a Fujimori porque se favoreció a Sánchez desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Penal

“Nos mantenemos firmes en demostrar por la vía legal, penal y constitucional que aquí ha habido un fraude de terror, lo que han hecho ha sido de terror, desde impedir el voto de peruanos en el exterior y en diferentes ciudades del país, a tener un software no auditado”, afirmó ante la prensa.

López Aliaga cuestionó que en la segunda vuelta, del próximo domingo 7 de junio, se vaya a utilizar el mismo software de la primera, que, a su decir, infló 250,000 votos a favor de Sánchez.

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Los candidatos presidenciales de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, continuaron ayer con sus campañas de cara a las elecciones del 7 de junio, sin descuidar las coordinaciones con sus asesores a fin de prepararse para el debate entre ambos del domingo 31 de mayo.

Fujimori viajó a Junín y se trasladó, en San Jerónimo, al hotel Tuki Llajta, y luego a un restaurante de Concepción, donde departió con un grupo, sin permitir el acceso de otros seguidores. Al celebrar su cumpleaños 51, bailó huaylarsh.

En tanto, Sánchez defendió la continuidad de Julio Velarde en el BCR, aseguró que sus propuestas sociales son viables con una reforma tributaria y anunció que una nueva Constitución dependerá de un referéndum.