Así fue la respuesta del JNE tras las manifestaciones de los seguidores y simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga la noche del jueves, que algunos políticos han calificado de “acoso” contras las autoridades electorales, contra quienes lanzaron amenazas.

El derecho ciudadano a manifestarse “no ampara actos de intimidación ni de amenazas” en contra de los funcionarios, precisa el comunicado del JNE.

“Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, añade.

Reclamos por “fraude”

Los manifestantes exigían elecciones complementarias o declarar nulo todo el proceso electoral por las irregularidades cometidas el 12 de abril durante las elecciones generales.

“No al fraude”, gritaban algunos portando ollas y cucharones, mientras contingentes policiales controlaban el orden.

Sin embargo, el constitucionalista Natale Amprimo calificó de “impecable” la resolución del JNE de rechazar realizar elecciones complementarias como exige Renovación Popular.

“Yo creo que la resolución del JNE es impecable, porque las elecciones complementarias están contempladas en nuestra legislación solamente para elecciones subnacionales”, declaró Amprimo en Canal N.

Horas más tarde, el juez Manuel Chuyo acogió el pedido fiscal y dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Corvetto y otros seis investigados por el delito de colusión por las diversas irregularidades durante las elecciones del 12 de abril.

“Considero que sí es necesario que tengamos delimitado la ubicación de los investigados dentro del país para que así pueda de alguna forma minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse”, señaló el magistrado.

“Todos son investigados por presunta colusión agravada, tras detectarse un posible direccionamiento en el contrato para la distribución de material electoral en las elecciones del 12 de abril”, precisó la Fiscalía.

Dueño de Galaga apela

El único que anunció una apelación es el dueño de Servicios Generales Galaga, Juan Alvarado.

La medida también alcanza a los exfuncionarios o funcionarios suspendidos José Samamé, Juan Phang, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores, quienes también se allanaron a la medida.

Piero Corvetto afirmó que el tercer pasaporte hallado en su domicilio ya no está vigente, pues fue renovado a comienzos de año.

Los actos de investigación, en los que participaron efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), estuvieron encabezados por el fiscal Reynaldo Abia, que lleva el caso que forma parte de la investigación preliminar que, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, implica al exjefe de la Onpe Piero Corvetto y al exgerente José Samamé, entre otros funcionarios.

Iniciada en la mañana, la intervención culminó alrededor de las 3 de la tarde, luego de completado el “barrido integral” (inspección con el recaudo de documentos y otras pruebas) de las oficinas.

Objetivo

Las diligencias tuvieron como objetivo la exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos entre la Onpe y otros proveedores de servicios distintos a Galaga (encargada del traslado del material electoral) vinculados a las elecciones del 12 de abril último.

Trascendió que el jefe interino de la Onpe, Bernardo Pachas, colaboró activamente con el Ministerio Público y la Policía al disponer la exhibición de todos los contratos con proveedores electorales y lo que se le requirió.

Se busca determinar si hubo irregularidades en contrataciones y si incidieron en los problemas logísticos en los comicios.