El Pleno del JNE, en mayoría, declaró infundada la apelación del ciudadano Ronald Castillo y ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había rechazado la solicitud.

¿Tacha?

El JNE consideró al pedido de exclusión como una tacha, al cuestionar la permanencia del candidato López Aliaga, y que el plazo para presentar la objeción era de tres días desde la publicación de la lista.

Precisó que la última publicación de la lista de Renovación Popular fue el 31 de julio, por lo que el plazo para una tacha venció el 3 de agosto. Y como la nulidad se pidió el 21 de agosto, concluido el plazo de tachas, el JNE lo declaró improcedente por extemporáneo.

Grave

En su voto singular, el magistrado del JNE Gunther Gonzales rechazó la “reelección encubierta”.

Indicó que la prohibición de reelección comprende todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos, y alertó del riesgo de que interpretaciones restrictivas permitan que exalcaldes, que postulen a primer regidor, retornen al cargo con las renuncias de candidatos a alcaldes que actúen como “testaferros”.

En defensa del fallo a favor de López Aliaga, el presidente del JNE, Roberto Burneo, juró que no existe la “reelección encubierta”.

Aurelio Pastor, un alanista que acompañó a Alan García como ministro en su segundo gobierno, será la voz del Perú en el importante foto internacional de la OEA, en momentos que Perú se alinea a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aurelio Pastor se desempeñó como ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García, entre julio de 2009 y marzo de 2010, y fue congresista por la región San Martín en dos períodos consecutivos.

En trayectoria pública figura un proceso judicial que derivó en su encarcelamiento tras dos condenas penales en su contra.

Condena y prisión

La condena contra Aurelio Pastor se originó en septiembre de 2012, cuando Corina de la Cruz, entonces exalcaldesa de la ciudad de Tocache, en San Martín, enfrentaba dos procesos judiciales en su contra y contrató los servicios profesionales del aprista, ya para entonces exministro.

Según la acusación, Aurelio Pastor le habría ofrecido interceder ante jueces y fiscales a cambio de dinero para resolver su situación legal, conducta que quedó registrada en audios que posteriormente fueron difundidos por un medio periodístico y dieron origen al proceso penal en su contra.

Polémica liberación

Aurelio Pastor fue condenado en primera y segunda instancia a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias, en su modalidad de influencias simuladas.

El aprista Aurelio Pastor cumplió cerca de seis meses de reclusión en el penal Piedras Gordas, hasta que la Sala Permanente de la Corte Suprema decidió absolverlo, en polémica resolución, al considerar que su conducta se enmarcaba dentro del ejercicio legítimo de la abogacía y que no constituía una falta ética conforme al Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL).