“El objetivo de la diligencia es recabar documentos y equipos tecnológicos que permitan esclarecer el delito de negociación incompatible”, comunicó la Fiscalía de la Nación.

La fiscal Roxana Espinoza Páucar lideró el megaoperativo contra la presunta red de corrupción dedicada a la emisión de órdenes de servicio y designaciones. En el centro de Lima se allanaron 19 inmuebles, uno en el norte de la ciudad, uno en el este, uno en el Callao y uno en Huánuco, entre otros.

Cinco casos

Entre las viviendas allanadas está la de Lady Guadalupe Vela, quien visitó Palacio el 1 de noviembre de 2025 de noche y días después obtuvo una orden de servicio en EsSalud por más de 6 mil soles. Después obtuvo un contrato como asesora en el Ministerio del Ambiente por cerca de 11 mil soles mensuales.

Rubiel Cristina Beraún Rojas es otra implicada, quien se reunió con Jerí el 1 de noviembre y fue contratada para servicios de comunicación interna y protocolo en Palacio por un total de 21,500 soles.

Otra investigada es Violeta Emperatriz Beas Otero, quien también visitó a Jerí y fue designada Secretaria Nacional de la Juventud en el Ministerio de Educación.

Además, se registró en Lince la casa de Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, quien registra cinco ingresos a Palacio y obtuvo contratos por 11 mil y 16 mil soles. “Yo soy madre de familia, tengo una niña menor que incluso estaba en mi domicilio. Me parece una medida excesiva el allanamiento”, declaró Melgarejo tras la diligencia. También fue allanada la casa de Alicia Alexandra Camargo Leiva, otra que se reunió con Jerí y fue contratada por 10 mil soles mensuales.

El Ministerio Público abrió el 15 de febrero esta investigación preliminar contra José Jerí y otros por un plazo de 90 días.

En ese contexto, la cédula de votación adquiere un rol fundamental, ya que permitirá a los ciudadanos elegir de manera simultánea a las principales autoridades del país. Este documento será más extenso de lo habitual y estará dividido en cinco columnas independientes.

Aunque su diseño puede parecer complicado a primera vista, especialistas señalan que votar correctamente es sencillo si se siguen las indicaciones establecidas por las autoridades electorales. La clave está en marcar de forma clara y respetar las reglas en cada columna.

Además, para facilitar la comprensión del proceso, el diario OJO entrega gratis, junto con nuestra edición de hoy, una cédula no oficial de votación elaborada por la Asociación Transparencia, con fines estrictamente informativos y de orientación al ciudadano.

Este material permite a los votantes familiarizarse con la ubicación de los símbolos, fotografías y recuadros antes de ingresar a la cabina de sufragio. De esta manera, se busca reducir errores y agilizar el proceso durante la jornada electoral.

La cédula oficial estará dividida en cinco secciones: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino. Cada una funciona de manera independiente, lo que permite al elector elegir diferentes opciones en cada caso.

En la primera columna, correspondiente a la fórmula presidencial, se debe marcar únicamente una opción con una cruz o aspa dentro del símbolo o la fotografía. Cualquier marca distinta o fuera del recuadro puede invalidar el voto en esa sección.

En las columnas legislativas, además de marcar el símbolo del partido, existe la posibilidad de ejercer el voto preferencial. Esto permite escribir uno o dos números de candidatos dentro del mismo recuadro, siempre que pertenezcan a la organización elegida.

Es importante tener en cuenta que el voto cruzado está permitido. Es decir, un ciudadano puede votar por diferentes partidos en cada columna sin que esto afecte la validez general de su elección.

Asimismo, un error en una columna no invalida las demás, lo que brinda mayor flexibilidad al votante. Sin embargo, marcar más de una opción en una misma sección o realizar trazos incorrectos puede generar votos nulos.

Finalmente, esta iniciativa busca que los ciudadanos lleguen informados al día de la votación, reduciendo confusiones frente a una cédula que destaca por su tamaño y nivel de detalle, y promoviendo así una participación más consciente y efectiva.

A días de las Elecciones Generales 2026, los planes de gobierno han puesto a la tecnología como eje para enfrentar problemas como la inseguridad, la crisis del sistema de salud o el desorden en el transporte. Sin embargo, detrás de propuestas como inteligencia artificial, interoperabilidad de datos o digitalización masiva, surge una advertencia clave: el Estado peruano aún no tiene las condiciones para sostener esa transformación.

“Quieren comprar tecnología de última generación, pero no tenemos la capacidad para manejarla”, afirma Gabriel Gonzales, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones en Síntesis Consultoría, tras analizar las propuestas presentadas por equipos técnicos y candidatos en foros sobre innovación en políticas públicas.

En estos espacios hubo coincidencias claras: historias clínicas electrónicas, telemedicina, cámaras inteligentes y plataformas interoperables. Pero al revisar la viabilidad de estas iniciativas, aparecen limitaciones estructurales.

Brechas básicas que frenan la digitalización

El primer problema está en lo básico. En el país existen más de 55 mil colegios públicos y cerca de la mitad no cuenta con saneamiento físico-legal, lo que impide intervenir su infraestructura. “¿Cómo vas a entregar tablets si hay colegios que no tienen electricidad?”, cuestiona Gonzales.

A esto se suma la conectividad: alrededor de 8 millones de peruanos no tienen acceso a redes 4G, lo que limita servicios como la educación virtual o la telemedicina.

En salud, la fragmentación tecnológica es otro obstáculo. Hoy conviven hasta 12 sistemas distintos que no se comunican entre sí, incluso dentro de una misma entidad. “La IA funciona sobre data ordenada y conectada. Hoy eso no existe en el país”, explica.

Capacidad estatal y riesgo de “chatarra tecnológica”

En seguridad, propuestas como reconocimiento facial o mapas predictivos enfrentan barreras legales y de infraestructura. Muchas comisarías no pueden ser intervenidas por problemas de saneamiento físico-legal. En transporte, la falta de coordinación entre entidades con competencias cruzadas frena la implementación de soluciones integradas, pese a que la información ya existe.

Para Gonzales, el problema de fondo es la capacidad del Estado para ejecutar y adaptarse. Incluso procesos relativamente simples, como la implementación de plataformas digitales, han tomado años y aún no se completan. “No es solo un tema de tecnología, es un tema de gestión y de cómo funciona el Estado”, señala.

Este escenario también abre un riesgo: la compra de equipos sin planificación ni mantenimiento, que terminan fuera de uso.

Pese a ello, hay oportunidades. El país enfrenta un déficit de alrededor de 15 mil médicos, especialmente en zonas alejadas. En ese contexto, la telemedicina aparece como una alternativa viable, siempre que se implemente de manera progresiva.

Para Gonzales, el principal reto no pasa solo por incorporar tecnología, sino por resolver las limitaciones estructurales que hoy condicionan su implementación. “Avanzar en esos aspectos será clave para que las propuestas planteadas en campaña puedan traducirse en resultados concretos”, finalizó.

Afirmó que este tema ya es “cosa juzgada”, porque ni siquiera llegó a juicio. Luego rechazó ser un “agente comunista”. “Van a tener que demostralo”, amenazó.

En 1986 Belmont solicitó apoyo a sus televidentes para solventar RBC, al que le llamó el “Canal del Pueblo”. Ofrecía ser socio del canal con una inversión de un dólar o su equivalente en soles, ofrecía magníficas ventajas, pero nunca devolvió ni la inversión ni las ganancias. El caso se judicializó y nunca hubo sentencia.

No informó de gastos de campaña

Además, el Partido Obras, que lleva como candidato presidencial a Belmont, es una de las tres agrupaciones políticas que no presentaron su informe de ingresos y gastos ante la Oficina de Procesos Electorales (ONPE).

Belmont admitió la falta y dijo que solo hay “un retraso”.

Las otras dos agrupaciones, de 39 en total, son el Partido Patriótico del Perú y el Partido Ciudadanos por el Perú, este último retirado del proceso electoral en febrero.

El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo. Posteriormente, fue ampliado hasta el 27 de marzo. Pese a esta facilidad, los tres partidos no cumplieron con la ley electoral.

“Nosotros queremos abrazos y no balazos”, dijo Belmont al intentar explicar cómo cambatirá a la delincuencia.

También es cuestionado por apoyar a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón en su momento. Incluso, Castillo lo anunció como su asesor en los primeros días de su gobierno, cuando Belmont lo visitó en Palacio.