La Unión de Gremios Empresariales solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que destituya a Corvetto por “los graves hechos” ocurridos durante la jornada electoral del pasado domingo 12 de abril, que dice comprometen la integridad del proceso y la confianza ciudadana, y vulneran seriamente los principios fundamentales de nuestra democracia.

“Ante la gravedad de lo ocurrido, solicitamos que la Junta Nacional de Justicia destituya de inmediato a Piero Corvetto, y que el nuevo jefe de la Onpe remueva a todos los funcionarios implicados, con el objetivo de garantizar una segunda vuelta transparente, confiable y que refleje la voluntad popular”, indicó en un comunicado.

Reclamo empresarial

Integrada por la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú, la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Perucámaras y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, la Unión de Gremios Empresariales señaló que Corvetto “no ha contribuido a esclarecer los hechos ni a dotar de legitimidad al proceso”.

Recalcó que el funcionario incumplió “sus deberes constitucionales y legales, pese a las advertencias de la Contraloría General de la República” sobre fallos que no se corrigieron.

“Es inaceptable que miles de mesas se instalaran tarde o no fueran habilitadas por falta de material electoral, impidiendo a ciudadanos ejercer su derecho al voto. A ello se suma el mal funcionamiento del sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en un gran porcentaje de mesas”, abundó.

La Unión de Gremios Empresariales también apuntó que “llama especialmente la atención que estas graves deficiencias se hayan producido precisamente en Lima y Callao, donde la logística debía operar con mayor eficiencia dada su cercanía a los centros de distribución del material electoral”.

Exportadores

Por si fuera poco, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), que acaba de elegir como presidente a Enrique Gubbins, recalcó, en un comunicado, que la Onpe “no estuvo a la altura” de las exigencias de una jornada democrática y exigió cambios inmediatos de cara a una eventual segunda vuelta.

Destacó, entre sus observaciones, la instalación tardía de mesas de votación, que habría impedido que ciudadanos que acudieron temprano pudieran ejercer su derecho al sufragio, con evidentes fallas graves en la planificación y ejecución del proceso, generando una afectación directa a la participación electoral.

Acto seguido, cuestionó la lentitud en el procesamiento de actas, especialmente en Lima, lo que, dice, refleja una deficiente previsión operativa.

Tales demoras, apuntó, no son simples inconvenientes técnicos, sino señales de una gestión ineficiente que genera incertidumbre y tensión innecesaria en el país.

Por lo mencionado, ComexPerú enfatizó que Corvetto no debería continuar al frente de la Onpe, toda vez que mantener la misma conducción tras los problemas registrados “compromete la credibilidad del sistema electoral y dificulta la implementación de correcciones urgentes que garanticen un proceso ordenado”.

Detención

Por otro lado, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) citó a Corvetto para que, mañana viernes a las 3 de la tarde, acuda a la sede policial para declarar en el marco de las investigaciones que se siguen por las demoras y fallas logísticas registradas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril.

Podrá acudir con un abogado y se busca que Corvetto que dé “información corcerniente a la investigación contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública-colusión, en agravio del Estado”.

La Dicocor advirtió que, de no acudir a la citación, se solicitaría la conducción compulsiva del jefe de la Onpe, es decir que sea detenido para ser llevado así a declarar.

Denuncia constitucional

En tanto, el congresista Juan Burgos (elegido por Avanza País y hoy en Podemos Perú) denunció constitucionalmente al jefe de la Onpe con la expectativa de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En escrito dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través del oficial mayor Giovanni Forno, señaló que Corvetto violó normas de la Constitución al impedir la normal marcha del proceso electoral.

Se indica cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral necesario para la votación del 12 de abril y que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio.

Proclamado quien obtenga votos solo por debajo de la ganadora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quedará habilitado para rivalizar con la lideresa fujimorista en la segunda vuelta electoral.

Avance del sombrero

Mientras Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) lo superaba hasta ayer, por escaso margen, en el conteo oficial de votos de la Onpe, López-Aliaga solicitó la suspensión de la proclamación del segundo y tercer lugar y la aplicación de un mecanismo para “garantizar el voto” de los afectados al no poder sufragar por problemas en la instalación de sus mesas de sufragio.

Aunque en la continuación de la votación del lunes último se habilitó mesas para que sufraguen 53 mil personas que en Lima no pudieron hacerlo el domingo, López-Aliaga denunció la “afectación al derecho al voto” de más de 600 mil ciudadanos en Lima Metropolitana y pidió que puedan votar.

¿Deficiencias?

Según el candidato, ello se debió a “deficiencias operativas en el proceso electoral, incluyendo retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos”.

En el escrito enviado al JNE, el líder de Renovación Popular refirió que el domingo 12 de abril, múltiples mesas de sufragio en Lima Metropolitana no abrieron a las 7 de la mañana por falta de material electoral, mientras que “en numerosos locales” se retrasó hasta las 2 de la tarde en adelante, incluso hasta las 4.

“Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que no se va a volver a repetir… yo insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima Oeste y de Lima Sur”, recalcó en la sesión congresal extraordinaria.

Aseveró que el problema se originó en la Gerencia de Gestión Electoral, específicamente en la Subgerencia de Producción Electoral a cargo de Juan Phang Sánchez.

Aceptación

Aceptó incumplimientos vinculados al transporte de material electoral, a cargo de la empresa contratista (Galaga), lo que generó retrasos en los tiempos establecidos de reparto del material, aunque, acotó a su favor, que “la persistencia de nuestro personal ha permitido que podamos avanzar”.

“El Estado peruano, y obviamente la Onpe, tiene una dependencia de proveedores, y tenemos que hacer coordinaciones con los proveedores. Y los proveedores, y aquellos que tienen la responsabilidad de coordinar con ellos, tienen una responsabilidad grande”, recalcó Corvetto.

Zafó cuerpo

Con ello, derivó responsabilidades, de nuevo sin mencionar su nombre, al subgerente Juan Phang, quien debía vigilar el proceso de traslado del material electoral y reportar retrasos para adoptar medidas oportunas.

Corvetto afirmó que, pese a las dificultades mencionadas, con el retraso de reparto del material por la contratista a los locales de votación, la Onpe llevó adelante “una elección compleja”.

Al respecto, defendió la validez de los resultados de estos comicios y pidió disculpas a los electores por los “errores” en el reparto de material.

Rechazo

“Hay que ser claro y contundente, los resultados electorales son fiel reflejo de la voluntad popular”, subrayó.

La exposición de Corvetto no satisfizo a casi nadie, tanto así que la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) reclamó denunciar y sancionar al jefe de la Onpe, y lo fustigó y pidió su salida como responsable de lo sucedido.

A su turno, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reclamó que es necesario tener garantías para una correcta segunda vuelta presidencial y que no se repita lo sucedido el último domingo, cuando se dejó a miles de peruanos sin su derecho a ejercer el voto.

Delito

En tanto, el abogado penalista Carlos Caro alertó sobre una errada tipificación en denuncia penal contra Corvetto que formuló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, a los que le atribuye por negligencia al jefe de la Onpe y a gerentes y el representante de la contratista del transporte, Galaga.

“El caso penal contra los funcionarios de la Onpe y Galaga está mal enfocado. Las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento de deberes contractuales y las consecuencias electorales: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral, pero lo trascendental estriba en el proceso anterior, es decir la contratación de Galaga como proveedor de la Onpe, sin una debida diligencia, una empresa sin capacidad operativa comprobada”, refirió.

Explicó que lo último, por lo que se debería denunciar, “implica mucho más que una sospecha inicial simple para que la Fiscalía investigue el delito de colusión desleal (artículo 384 del Código Penal), es decir la defraudación al Estado en este proceso de contratación pública, caso donde las violaciones a las reglas más elementales de debida diligencia son tan flagrantes que, los argumentos de negligencia grave pueden quedar de lado para dar paso, cuando menos, al dolo eventual”.

Plazo

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reveló que abrió una investigación preliminar contra el jefe de la Onpe y le dio 10 días hábiles para que presente sus descargos.

Aunque los plazos a seguir para el debido proceso quizá no alcancen para destituir a Corvetto antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del domingo 7 de junio próximo, tal investigación preliminar es parte de la ruta para destituirlo del cargo, a lo que abonará el informe solicitado a la Dirección de Evaluación y Ratificación de la JNJ sobre presuntas irregularidades al ratificar la anterior junta al jefe de la Onpe en el cargo.

Indicó que existe una manipulación sistemática de los resultados basada en el impedimento del voto para miles de ciudadanos, calificando el proceso como un “fraude electoral”.

Advertencia

El discurso de anoche, que dio López-Aliaga, vinculó la situación con tácticas políticas extranjeras, mencionando el “Plan Morrocoy” (estrategia de ralentización operativa) supuestamente utilizado en Venezuela.

López-Aliaga fue enfático en dar un plazo de 24 horas a las autoridades electorales para declarar la nulidad del proceso.

“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude. Si no se declara nulo, los convoco nuevamente a todos a nivel nacional”, advirtió. Eso mientras Roberto Sánchez, candidato presidente de Juntos por el Perú (JPP), avanza en el conteo al ingresar las actas rurales que lo favorecen en el apoyo popular.

Yarrow y voto extranjero

La congresista y candidata de Renovación Popular Norma Yarrow denunció ayer que la falta de información y la lentitud del proceso de registro de votos de mesas de sufragio por la Onpe alimentan sospechas acerca de la legitimidad del conteo, especialmente en zonas clave del voto en el exterior del país, donde el aspirante presidencial Rafael López-Aliaga tiene mayor respaldo.

Calificó ello como “maniobras ocultas en el sistema”, con el riesgo de manipulación no hipotético, sino inminente. “Totalmente. Eso es lo que nos preocupa. Por eso es el temor del anforazo”, recalcó.

“Esto ya es algo sumamente preocupante. De 2543 actas hasta el momento del extranjero, estamos al 16,47 % y solamente han subido 419 actas. Esto es, a claras luces, que algo se está cocinando. Inclusive el acta de Chile, que ya tenemos nosotros… algunas actas del extranjero no las suben”, precisó, ayer por la mañana, a Willax TV.

Movilización

Por ello, convocó a la movilización ciudadana en defensa del voto, como la del plantón de ayer al que llamó ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en el jirón Nazca.

Detención

A su turno, Wilber Medina, abogado de Rafael López-Aliaga, pidió detener a jefe de la Onpe, Piero Corvetto, como “es responsable de la entidad” y culpable de la afectación de las Elecciones Generales 2026.

“Existen documentos que evidencian que la propia empresa (Galaga) le advirtió que no podría cumplir con la distribución del material electoral” y no actuó ante ello, afectando el reparto del material electoral en los comicios, enfatizó.

Recordó que a la 1 de la tarde el domingo, antes que el JNE, él denunció penalmente a Corvetto por la falta de instalación de mesas de sufragio al no entregarse a ellas material electoral.

“Le están robando la libertad al país”, recalcó Yarrow.

Galaga, la empresa que retrasó la entrega del material de la Onpe en locales de votación, ganó tal contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio.

Las congresistas izquierdistas Isabel “Chabelita” Cortez y Sigrid Bazán, ambas elegidas por Juntos por el Perú en los comicios de 2021, intentaron esta vez, sin suerte, llegar al Senado por Perú Primero -el partido de Martín Vizcarra- y a la Cámara de Diputados por Venceremos, respectivamente.

Derrotados

El legislador Alex Paredes (ex Perú Libre) postuló a senador por Somos Perú y Jorge Montoya (ex Renovación Popular y hoy Honor y Democracia) a senador por Sí Creo, pero ninguno ha sido elegido.

En Perú Libre, la congresista arequipeña María Agüero -con casas en el Perú y Estados Unidos- y Kelly Portalatino buscaron en vano llegar al Senado.

Guido Bellido, expremier castillista que elegido en las filas de Perú Libre se pasó a la bancada de Perú Bicentenario y hoy aterrizó en Podemos Perú, no lo logró ser elegido senador, como tampoco lo hizo el líder de ese partido y congresista, José Luna Gálvez.

De Avanza País, que no superó la valla electoral, no fueron elegidos José Williams (Senado), Alejandra Tudela y Alejandro Cavero (Cámara de Diputados) y Rosselli Amuruz (Parlamento Andino). Igual “mala suerte” siguió Diana Gonzales, quien postuló y no entrará a la Cámara de Diputados.

De APP quedan fuera los expresidentes del Congreso Eduardo Salhuana y Lady Camones (Senado) y Alejandro Soto (Cámara de Diputados).

Roberto Chiabra, quien llegó al Congreso con APP, no llegó al Senado por Unidad Nacional.

Maricarmen Alva, Silvia Monteza, Wilson Soto, Carlos Alva, Luis Aragón, Hilda Portero, Juan Celis y Elvis Vergara iban por la reelección, pero AP quedó excluido.