Para el penalista Humberto Abanto, una gracia presidencial a Castillo sería un pésimo mensaje para el futuro y haría de Balcázar “cómplice de la impunidad de un golpista”.

Sobre el informe de un grupo de trabajo de la ONU a favor de liberar a Castillo, comentó en Canal N que si fuera un órgano técnico habría revisado los pronunciamientos de los órganos de tutela de derechos en el Perú.

Hechos

El excanciller Javier González-Olaechea cuestionó tal informe que considera “arbitraria” a la detención de Castillo, al advertir que “niega hechos objetivos” como el golpe del 7 de diciembre de 2022.

A su turno, el constitucionalista Joseph Campos recalcó que el expresidente aún no tiene una sentencia en segunda instancia, por lo que “técnicamente no debería ocurrir” un indulto.

Lo quieren preso

El congresista de Perú Libre Américo Gonza advirtió que Roberto Sánchez y sus seguidores, aunque reclamen liberarlo, “no quieren que Castillo salga de prisión”.

“Como dice el padre (Luis) Bazalar, no quieren que salga Castillo porque, mientras esté preso, seguirán azuzando la figura del castillismo para seguir recaudando electores que tienen engañados. (Sánchez) se cae, se esfuma y no tendría razón de ser”, recalcó.

Factor Nieto

Reunidos, el líder del Partido del Bueno Gobierno, Jorge Nieto, planteó a Keiko Fujimori considerar “rutas para la libertad” de Castillo por la “despolarización” del país.

Nieto, sindicado como quien permitió el triunfo fujimorista en la segunda vuelta, también dio consejos a Fujimori.

El expresidente Pedro Castillo busca su libertad como sea antes de que Keiko Fujimori llegue al poder y le sea más difícil.

Explicó que los aportes de campaña deben ser plenamente trazables y canalizados a través de las cuentas oficiales del partido, por lo que es irregular que se haga con billeteras digitales (electrónicas) Yape o cuentas bancarias personales.

Irregularidades

En Canal N, Martín D´Azevedo recalcó que la Onpe debe evaluar las presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para financiar apelaciones e impugnaciones de actas.

Toda organización política, subrayó, está obligada a declarar el origen, el destino y el manejo de todos los recursos recibidos durante el proceso electoral, tanto de aportes privados como del financiamiento público.

“Cuando los aportes pasan a formar parte de los ingresos del partido, no pueden permanecer en cuentas particulares”, explicó.

Gravedad

Martín D´Azevedo señaló que, según la gravedad, el caso puede saltar de la Onpe al campo de los tribunales de justicia, ya que el uso de cuentas personales para recibir aportes podría generar observaciones si no se acredita de manera documentada cómo esos recursos fueron incorporados a la contabilidad oficial de la organización política.

Ante este caso, el líder de JP, Roberto Sánchez, rechazó que hubo una recaudación paralela de fondos para financiar recursos electorales.

“Nos sometemos a toda investigación y le decimos a nuestra militancia que hemos actuado de manera transparente, honesta y en base a la ley”, dijo Roberto Sánchez.