El venezolano Luis Iván Obispo Díaz, señalado como quien disparó a Aponte en Caraz, tenía una pistola al ser atrapado en el lugar de los hechos; mientras que ayer, en Surco (Lima), cayó su compatriota Ronald José Toro Ardila (o Artila), sindicado como quien transportó al sicario, y se le envió a Áncash.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, mencionó a otro identificado, quien sería el financista o quien pagó a los ejecutores del asesinato.

Sicariato

En tanto, el Ministerio Público dejó de considerar erróneamente al caso como feminicidio y lo recalificó como uno de sicariato y lo derivó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas.

El caso había sido abierto, de manera absurda, como uno de feminicidio, lo que se rectificó ayer ante el evidente error inicial.

En tanto, la plancha de candidatos a gobernador y vicegobernador de Socios por Áncash queda fuera por la muerte de Aponte, pero sigue su lista de candidatos al Consejo Regional.

Denuncias

Había denunciado a políticos, empresarios y comunicadores.

Entre sus denunciados por “China Polo”, en casos que no han sido sujetos a investigación fiscal y menos a condenas judiciales, están el ministro del Interior, César Astudillo; el político Vladimir Cerrón; el diputado Harvey Colchado, la periodista Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano; y la influencer María Pía Copello y su esposo, el empresario Samuel Dyer. Copello y Medina han negado los cargos e incluso enviaron cartas notariales a la “China Polo”. Y al general Víctor Revoredo lo acusó de pretender atentar contra su vida, eso apenas días antes de ser asesinada.

Todas esas denuncias han causado revuelo en redes sociales, pero no han sido objeto de condenas contra los mencionados.

Mediante la Resolución Suprema 234-2026-IN, a propuesta del comandante general de la Policía, teniente general Fredy López, se encargó a Víctor Revoredo, en su nuevo cargo, liderar y coordinar el intercambio y asistencia recíproca con las fuerzas del orden y agencias policiales y de seguridad de otros países.

En el marco de su función de gestionar los nexos y operativos conjuntos internacionales con entidades globales de seguridad pública, Víctor Revoredo tendrá un rol clave en el Escudo de las Américas, que lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacionales.

Nuevos

A la Dirincri llega el general Ricardo Espinoza, ex jefe de la Región Policial La Libertad.

Entre otros oficiales reasignados están los generales Manuel Vidarte (Dirección de Administración), Javier Infante (Dirección de Operaciones Especiales), Julio Becerra (Dirección de Investigación Criminalística), Olger Benavides (Jefatura de la Región Policial Callao), Marco Conde (Inspectoría General-Dirección de Inspecciones), Leiby Huamán (Dirección de Investigaciones de Lavado de Activos) y Antonio Loreño (Dirección de Seguridad del Estado).

Los tenientes generales Luis Flores pasan a la Inspectoría General y Manuel Lozada a la Comandancia General / Dirección de Operaciones Policiales.

“El fujimorismo está acostumbrado a ser oposición, pero no sabe actuar desde el gobierno”, declaró a Canal N sobre el régimen de Fuerza Popular.

No saben gobernar

Víctor Andrés García Belaunde recalcó que ya no se trata solamente de cuestionar o fiscalizar desde la oposición, sino de “tomar decisiones, administrar el Estado y responder por los resultados de gobierno”.

También expresó dudas sobre algunos integrantes del gabinete y cuestionó la capacidad del Ejecutivo para afrontar problemas como la inseguridad.

Víctor Andrés García Belaunde acotó que el Gobierno pierde con la salida de Rafael Rey Rey y que con su salida podría haber ganado la corrupción.

Hay lentitud

El economista Augusto Álvarez Rodrich acusó al Gobierno de falta de velocidad en la toma de decisiones.

“Los primeros 50 días no son lo mejor que podría haber ocurrido, porque el gobierno ha arrancado un poco lento. Tenemos un problema de ya demasiado diagnóstico en el Perú y tenemos un problema de gestión que no se cumple”, dijo en RPP.

Promesas incumplidas

Para el especialista en políticas públicas Juan Villarán, la lentitud en acciones más contundentes contra el crimen organizado choca directamente con las promesas de mano dura y eficiencia, realizadas durante la campaña.

“Se ha frustrado un poquito la expectativa. Las promesas de orden, etcétera, no se llegaron a hacer como se pensaba que iban a hacer. El Gobierno tiene instrumentos potentísimos donde no requiere facultades legislativas para comenzar a actuar”, sentenció.

Según el politólogo Martín Soto advirtió “un desconcierto de cosas de un régimen que prometía orden” y en lugar se observa “un amateurismo que no se ha visto quizás ni con el presidente (Pedro) Castillo”.

La narrativa oficialista es equívoca al “decir que solo las facultades salvarán al Perú; eso no es cierto”, acotó Soto.