Con lo propuesto, en la práctica, la segunda vuelta no podría realizarse el 7 de junio, tal como está previsto.

Aunque no mencionan nombres, con lo propuesto también en los hechos evitarían que Roberto Sánchez (JPP) pase a la segunda vuelta electoral, tal como pretende Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Encabezado

Bajo el rótulo de “La verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia”, demandan que, “ante las irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril”, la auditoría externa se realice antes de proclamación de los resultados de la primera vuelta, así como la separación del jefe interino, Bernardo Pachas, y “todo el entorno del anterior” titular de la Onpe, medidas que descabezarían al ente encargado del proceso electoral en curso.

Gremios

Los firmantes son la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras, la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) y el Gremio de Transportistas y Carga Pesada del Perú (GRETCAPP), el Gremio de Transportadores y Logística del Perú & América (GTL) y la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM).

Empresa extranjera

Los firmantes reclaman que una “evaluación técnica independiente” determine si los problemas reportados obedecen a fallas operativas o a una posible intervención indebida en el sistema electoral y, por ello, proponen que la auditoría sea realizada por una firma internacional de prestigio, cuyos resultados se conozcan antes de la proclamación oficial.

También proponen que las Fuerzas Armadas se encarguen del traslado y resguardo del material electoral, como medida de seguridad adicional frente a posibles riesgos de “manipulación externa de los votos”.

Exigencia de estos gremios apunta, en la práctica, a que se altere el cronograma electoral en marcha.

La asociación de militares defendió la rigurosidad técnica seguida y recalcó que Balcázar conocía de la compra como lo confirman los decretos que firmó para ella.

En referencia a Balcázar y los críticos, rechazó toda insinuación de malas prácticas o intentos de desacreditar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas por intereses políticos o ideológicos, porque “la defensa del Perú no es un espacio para la improvisación ni para el cálculo político mezquino”.

Nada de renegociar

A su turno, el contralmirante AP (r) Juan Llosa, director general del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN), criticó revisar la compra por 3500 millones de dólares que plantea Balcázar.

“¿Cuál es el interés de revisar? ¿Por qué revisar? ¿Qué extraño interés hay en revisar estas cosas, para buscar otro postor? Acá no se trata simplemente de postores como cualquier cosa que se pueda comprar”, subrayó.

Defensa y crítica

En esa línea, el congresista José Cueto defendió la compra bajo secreto por tratarse de un tema de seguridad nacional y consideró negativo renegociar los términos del contrato.

En Canal N, explicó que cambiar el contrato generaría penalidades para el Perú.

Sin embargo, el congresista Héctor Valer advirtió contradicciones en las fechas de compra que dio el premier Luis Arroyo en sesión del Congreso. La sesión fue reservada, de espaldas al país, se advirtió.