“Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que no se va a volver a repetir… yo insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima Oeste y de Lima Sur”, recalcó en la sesión congresal extraordinaria.

Aseveró que el problema se originó en la Gerencia de Gestión Electoral, específicamente en la Subgerencia de Producción Electoral a cargo de Juan Phang Sánchez.

Aceptación

Aceptó incumplimientos vinculados al transporte de material electoral, a cargo de la empresa contratista (Galaga), lo que generó retrasos en los tiempos establecidos de reparto del material, aunque, acotó a su favor, que “la persistencia de nuestro personal ha permitido que podamos avanzar”.

“El Estado peruano, y obviamente la Onpe, tiene una dependencia de proveedores, y tenemos que hacer coordinaciones con los proveedores. Y los proveedores, y aquellos que tienen la responsabilidad de coordinar con ellos, tienen una responsabilidad grande”, recalcó Corvetto.

Zafó cuerpo

Con ello, derivó responsabilidades, de nuevo sin mencionar su nombre, al subgerente Juan Phang, quien debía vigilar el proceso de traslado del material electoral y reportar retrasos para adoptar medidas oportunas.

Corvetto afirmó que, pese a las dificultades mencionadas, con el retraso de reparto del material por la contratista a los locales de votación, la Onpe llevó adelante “una elección compleja”.

Al respecto, defendió la validez de los resultados de estos comicios y pidió disculpas a los electores por los “errores” en el reparto de material.

Rechazo

“Hay que ser claro y contundente, los resultados electorales son fiel reflejo de la voluntad popular”, subrayó.

La exposición de Corvetto no satisfizo a casi nadie, tanto así que la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) reclamó denunciar y sancionar al jefe de la Onpe, y lo fustigó y pidió su salida como responsable de lo sucedido.

A su turno, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reclamó que es necesario tener garantías para una correcta segunda vuelta presidencial y que no se repita lo sucedido el último domingo, cuando se dejó a miles de peruanos sin su derecho a ejercer el voto.

Delito

En tanto, el abogado penalista Carlos Caro alertó sobre una errada tipificación en denuncia penal contra Corvetto que formuló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, a los que le atribuye por negligencia al jefe de la Onpe y a gerentes y el representante de la contratista del transporte, Galaga.

“El caso penal contra los funcionarios de la Onpe y Galaga está mal enfocado. Las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento de deberes contractuales y las consecuencias electorales: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral, pero lo trascendental estriba en el proceso anterior, es decir la contratación de Galaga como proveedor de la Onpe, sin una debida diligencia, una empresa sin capacidad operativa comprobada”, refirió.

Explicó que lo último, por lo que se debería denunciar, “implica mucho más que una sospecha inicial simple para que la Fiscalía investigue el delito de colusión desleal (artículo 384 del Código Penal), es decir la defraudación al Estado en este proceso de contratación pública, caso donde las violaciones a las reglas más elementales de debida diligencia son tan flagrantes que, los argumentos de negligencia grave pueden quedar de lado para dar paso, cuando menos, al dolo eventual”.

Plazo

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reveló que abrió una investigación preliminar contra el jefe de la Onpe y le dio 10 días hábiles para que presente sus descargos.

Aunque los plazos a seguir para el debido proceso quizá no alcancen para destituir a Corvetto antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del domingo 7 de junio próximo, tal investigación preliminar es parte de la ruta para destituirlo del cargo, a lo que abonará el informe solicitado a la Dirección de Evaluación y Ratificación de la JNJ sobre presuntas irregularidades al ratificar la anterior junta al jefe de la Onpe en el cargo.

Indicó que existe una manipulación sistemática de los resultados basada en el impedimento del voto para miles de ciudadanos, calificando el proceso como un “fraude electoral”.

Advertencia

El discurso de anoche, que dio López-Aliaga, vinculó la situación con tácticas políticas extranjeras, mencionando el “Plan Morrocoy” (estrategia de ralentización operativa) supuestamente utilizado en Venezuela.

López-Aliaga fue enfático en dar un plazo de 24 horas a las autoridades electorales para declarar la nulidad del proceso.

“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude. Si no se declara nulo, los convoco nuevamente a todos a nivel nacional”, advirtió. Eso mientras Roberto Sánchez, candidato presidente de Juntos por el Perú (JPP), avanza en el conteo al ingresar las actas rurales que lo favorecen en el apoyo popular.

Yarrow y voto extranjero

La congresista y candidata de Renovación Popular Norma Yarrow denunció ayer que la falta de información y la lentitud del proceso de registro de votos de mesas de sufragio por la Onpe alimentan sospechas acerca de la legitimidad del conteo, especialmente en zonas clave del voto en el exterior del país, donde el aspirante presidencial Rafael López-Aliaga tiene mayor respaldo.

Calificó ello como “maniobras ocultas en el sistema”, con el riesgo de manipulación no hipotético, sino inminente. “Totalmente. Eso es lo que nos preocupa. Por eso es el temor del anforazo”, recalcó.

“Esto ya es algo sumamente preocupante. De 2543 actas hasta el momento del extranjero, estamos al 16,47 % y solamente han subido 419 actas. Esto es, a claras luces, que algo se está cocinando. Inclusive el acta de Chile, que ya tenemos nosotros… algunas actas del extranjero no las suben”, precisó, ayer por la mañana, a Willax TV.

Movilización

Por ello, convocó a la movilización ciudadana en defensa del voto, como la del plantón de ayer al que llamó ante la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en el jirón Nazca.

Detención

A su turno, Wilber Medina, abogado de Rafael López-Aliaga, pidió detener a jefe de la Onpe, Piero Corvetto, como “es responsable de la entidad” y culpable de la afectación de las Elecciones Generales 2026.

“Existen documentos que evidencian que la propia empresa (Galaga) le advirtió que no podría cumplir con la distribución del material electoral” y no actuó ante ello, afectando el reparto del material electoral en los comicios, enfatizó.

Recordó que a la 1 de la tarde el domingo, antes que el JNE, él denunció penalmente a Corvetto por la falta de instalación de mesas de sufragio al no entregarse a ellas material electoral.

“Le están robando la libertad al país”, recalcó Yarrow.

Galaga, la empresa que retrasó la entrega del material de la Onpe en locales de votación, ganó tal contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio.

Las congresistas izquierdistas Isabel “Chabelita” Cortez y Sigrid Bazán, ambas elegidas por Juntos por el Perú en los comicios de 2021, intentaron esta vez, sin suerte, llegar al Senado por Perú Primero -el partido de Martín Vizcarra- y a la Cámara de Diputados por Venceremos, respectivamente.

Derrotados

El legislador Alex Paredes (ex Perú Libre) postuló a senador por Somos Perú y Jorge Montoya (ex Renovación Popular y hoy Honor y Democracia) a senador por Sí Creo, pero ninguno ha sido elegido.

En Perú Libre, la congresista arequipeña María Agüero -con casas en el Perú y Estados Unidos- y Kelly Portalatino buscaron en vano llegar al Senado.

Guido Bellido, expremier castillista que elegido en las filas de Perú Libre se pasó a la bancada de Perú Bicentenario y hoy aterrizó en Podemos Perú, no lo logró ser elegido senador, como tampoco lo hizo el líder de ese partido y congresista, José Luna Gálvez.

De Avanza País, que no superó la valla electoral, no fueron elegidos José Williams (Senado), Alejandra Tudela y Alejandro Cavero (Cámara de Diputados) y Rosselli Amuruz (Parlamento Andino). Igual “mala suerte” siguió Diana Gonzales, quien postuló y no entrará a la Cámara de Diputados.

De APP quedan fuera los expresidentes del Congreso Eduardo Salhuana y Lady Camones (Senado) y Alejandro Soto (Cámara de Diputados).

Roberto Chiabra, quien llegó al Congreso con APP, no llegó al Senado por Unidad Nacional.

Maricarmen Alva, Silvia Monteza, Wilson Soto, Carlos Alva, Luis Aragón, Hilda Portero, Juan Celis y Elvis Vergara iban por la reelección, pero AP quedó excluido.

Se les atribuye responsabilidad penal, para ser investigados, por los problemas reportados el domingo 12 de abril que llevaron a demoras en la instalación de mesas de votación en varios distritos de Lima, algunas que incluso no pudieron funcionar por la falta de material electoral.

Para algunos, el objetivo es sacarlo del cargo para que no esté en la segunda vuelta que tiene a Keiko Fujimori postulando por cuarta vez a la Presidencia.

Denunciados

Junto a Piero Corvetto se denunció a los gerentes de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Onpe, Ricardo Saavedra Mavila; de Administración, Edward Alarcón González; y de Gestión Electoral, José Samamé Blas, quien ayer fue detenido por la Policía.

La denuncia penal del JNE incluye a Juan Alvarado Pfuyo, representante legal de la empresa Galaga, encargada del transporte del material electoral que no llegó a su destino y dejó a miles de ciudadanos sin poder sufragar.

Delitos

En el marco de este caso, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía detuvo ayer en flagrancia a Samamé, a raíz de las presuntas irregularidades y retrasos críticos en la entrega de material de los comicios.

Se le imputa el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Samamé había renunciado minutos antes, en una carta en la que asumía la responsabilidad por las “fallas logísticas” y las demoras en la entrega de material electoral en locales de votación, principalmente en Lima Sur.

Galaga

La Onpe aceptó su renuncia ayer, en una resolución emitida tras la intervención del Ministerio Público, con apoyo policial, en la sede central del ente electoral, donde incautó documentos y recabó información sobre la contratación de la empresa Galaga para el traslado del material electoral a pesar de sus antecedentes por incumplimientos.

La empresa Galaga alegó que la demora en trasladar material electoral fue por “factores ajenos” a su responsabilidad.

Por si fuera poco, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició ayer una investigación preliminar contra Corvetto, a raíz de la omisión de entrega de material electoral en mesas de sufragio.

También solicitó a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de Corvetto por la anterior JNJ, paso previo para destituirlo.

Cambiazo

El especialista en derecho electoral José Tello señaló que Corvetto podría renunciar a fin de evitar el trámite de la JNJ para sacarlo y explicó que el proceso de las Elecciones Generales 2026 puede seguir con normalidad, incluso en la segunda vuelta, sin un jefe de la Onpe.

Otro

“La Onpe va a funcionar con o sin Corvetto. No es que sea imposible (...). Es más, la Onpe ya ha experimentado situaciones como (...) en el momento de la complicación suscitada con la inscripción del partido Podemos Perú. Ahí justamente hubo una serie de cuestionamientos ya vinculados con el caso ‘Cuellos Blancos’. Ahí tuvimos un reemplazo del jefe de la Onpe por quien era en ese momento su gerente general”, declaró a RPP.

En esa línea misma, el expremier Luis Solari reclamó la renuncia de Corvetto.

Citados al Congreso

En tanto, para hoy martes a las 2 de la tarde, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Corvetto y al presidente del JNE, Roberto Burneo, para que informen sobre las irregularidades en el proceso de votación.

El JNE culpó a Corvetto de ocultar los problemas logísticos en los comicios y abordarlos tarde.

Piero Corvetto es sospechoso como presunto autor mediato y su futuro es incierto.

Ocho años de prisión podría cumplir Piero Corvetto si se le condena por los delitos denunciados por el JNE.