Los actos de investigación, en los que participaron efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), estuvieron encabezados por el fiscal Reynaldo Abia, que lleva el caso que forma parte de la investigación preliminar que, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, implica al exjefe de la Onpe Piero Corvetto y al exgerente José Samamé, entre otros funcionarios.

Iniciada en la mañana, la intervención culminó alrededor de las 3 de la tarde, luego de completado el “barrido integral” (inspección con el recaudo de documentos y otras pruebas) de las oficinas.

Objetivo

Las diligencias tuvieron como objetivo la exhibición de documentos para recabar información sobre nuevos contratos entre la Onpe y otros proveedores de servicios distintos a Galaga (encargada del traslado del material electoral) vinculados a las elecciones del 12 de abril último.

Trascendió que el jefe interino de la Onpe, Bernardo Pachas, colaboró activamente con el Ministerio Público y la Policía al disponer la exhibición de todos los contratos con proveedores electorales y lo que se le requirió.

Se busca determinar si hubo irregularidades en contrataciones y si incidieron en los problemas logísticos en los comicios.

“Si es necesario anular todo (el proceso electoral y convocar a nuevas elecciones) estamos llanos a aceptar esta resolución”, enfatizó, al tiempo de señalar que en los comicios hubo “fraude o como le quieran llamar”.

Insistió en que existen mesas de sufragio de la serie 900 000 que, según sus peritos, se crearon y distribuyeron estratégicamente en el país para favorecer al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y perjudicarlo a él, Jorge Nieto y Carlos Álvarez, a quienes convocó.

Jurado

Criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) -ante el que ingresará cuatro recursos con el análisis técnico de actas observadas- rechazó llamar a comicios complementarios en Lima y que hoy se niegue a revisar las irregularidades en las actas de la serie 900 000, por lo que anunció que acudirá a “instancias internacionales” para que se aborde lo sucedido en las elecciones de abril.

“El tema es verificable absolutamente si hubiera voluntad del JNE”, de su presidente Roberto “Burneo, de velar por la transparencia del proceso”, enfatizó.

Grave

López Aliaga dijo que existen indicios que afectarían la voluntad popular en los comicios y que por ello RP solicitó la nulidad del proceso electoral con base en un informe pericial elaborado por una empresa internacional.

“Si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Ya hay un precedente con el presidente (Valentín) Paniagua. Se determinó que eran fraudulentas las elecciones del 2000 y pasaron al 2001 y hubo un presidente interino. Entonces, está en manos también del Congreso dar solución a este tema”, aseveró.

Acciones

Anunció que convocará a una “protesta pacífica” para exigir nuevos comicios al Jurado Nacional de Elecciones.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reveló que irá al Tribunal Constitucional si el JNE no convoca a elecciones complementarias.

Al respecto, la presidenta del referido grupo de trabajo, Karol Paredes, refirió que Arroyo fue quien comunicó sobre la inasistencia con la supuesta necesidad de atender otros asuntos de Estado.

“Para mí no solamente es irresponsable, sino también una falta de respeto, porque consideramos que, si hay un tema que está generando cierto ruido, lo que tengo que hacer en primera fila es no solamente dar la cara y en segundo lugar informar las cosas como son”, enfatizó.

Dudas

La compra de los aviones ha generado opiniones a favor y en contra, entre políticos y opinión pública, a raíz del secretismo de las negociaciones y de que no se brinden, al menos detalles generales, sobre las condiciones de la operación que atará al Perú a Estados Unidos en términos de uso de los cazas, mantenimiento, software y equipamiento.

El Congreso de Estados Unidos autorizó la venta de 12 cazas estadounidenses F-16 block 70 por 3420 millones de dólares y la “rebaja” de 24 cazas por 3500 millones de dólares, en los contratos que se firmaron con Perú, genera dudas que se esperaba aclarar en el Congreso.

También se espera conocer las condiciones de compra de un avión cisterna Stratotanker de segundo uso para apoyo de los F-16.