El expediente reconstruye el recorrido de un proyecto industrial de la empresa Tengda Perú Cerámica S.A.C que, desde su instalación en el valle de Villacurí (Ica), fue objeto de observaciones, procedimientos administrativos y decisiones adoptadas por distintas entidades públicas.

La compañía, de capitales chinos, construyó una planta industrial de porcelanato de aproximadamente 30 hectáreas en una de las principales zonas agroexportadoras del país, ubicada además en una cuenca con restricciones para el aprovechamiento del recurso hídrico.

El proyecto generó controversia por cuestionamientos relacionados con el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y el uso del agua.

En junio de 2023, el Ministerio de la Producción (Produce) desaprobó el Plan de Participación Ciudadana presentado para el proyecto al concluir que no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La resolución recordó además que, por la magnitud y capacidad de producción prevista para la planta, correspondía la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), requisito indispensable para la certificación ambiental. En 2025, Produce aceptó el desistimiento presentado por la empresa respecto de un procedimiento administrativo vinculado a una consulta sobre la exigibilidad de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y dispuso el archivo del expediente.

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó acciones de supervisión, inició un procedimiento administrativo sancionador, evaluó los descargos presentados por la empresa y emitió una resolución directoral al culminar dicha etapa. Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió una resolución administrativa relacionada con el uso del recurso hídrico por parte del proyecto.

La controversia adquirió una nueva dimensión cuando la Municipalidad Provincial de Ica aprobó la Ordenanza Municipal N.° 026-2024-MPI, que modificó la zonificación del terreno de uso agrícola a industrial. Esa decisión fue posteriormente cuestionada por la Defensoría del Pueblo mediante una demanda de inconstitucionalidad, actualmente pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional.

El caso también alcanzó notoriedad nacional durante 2024 a partir de investigaciones periodísticas que informaron sobre la contratación de servicios profesionales de Nicanor Boluarte por parte de la empresa y sobre reuniones entre representantes de la compañía y diversos actores políticos, ampliando el interés público alrededor del proyecto.