Ante el riesgo de colapso del Puente Bella Unión, la Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación para determinar si los funcionarios de la Municipalidad de Lima cometieron una omisión en su deber al no adoptar acciones para corregir el peligro que genera dicha estructura.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, solicitó al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, que informe cuáles han sido las medidas implementadas "para garantizar la seguridad e integridad de las personas que transitan por dicha vía, así como las acciones que permitan la fluidez del tránsito vehicular".
La Defensoría del Pueblo indicó que, según información del Ministerio de Economía y Finanzas, el retraso en la construcción del nuevo Puente Bella Unión se debe a que "la Municipalidad de Lima no habría subsanado las observaciones realizadas por dicha entidad".
Vega Luna reiteró que por el peligro inminente que representa el posible colapso de dicha infraestructura resulta urgente la nueva construcción del Puente Bella Unión. Para ello, recalcó, es necesario que se cumpla con todos los requerimientos en el plazo más breve