Este martes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, tomará decisiones significativas en relación a contratos públicos y planes sociales en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
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Según informó el Adorni, alrededor de 5,000 contratos públicos no serán renovados el próximo año, y más de un millón de planes sociales serán sometidos a una auditoría para detectar posibles irregularidades.
Adorni detalló que los contratos públicos dados de alta en 2023 y que concluyan el 31 de diciembre no serán renovados en 2024. El resto de los contratos entrarán en un proceso de revisión que durará noventa días. Esta medida afectará a todos los empleados temporales de la Administración federal y de diversos entes públicos en Argentina, excluyendo únicamente a los trabajadores de empresas y sociedades estatales.
¿El fin de planes sociales?
En cuanto a los planes sociales, se llevará a cabo una auditoría de más de un millón de ellos, y se estima que alrededor de 160,000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”. Adorni destacó que estos planes sociales representan un valor total de 10 mil millones de pesos argentinos (aproximadamente 12.45 millones de dólares).
Adorni enfatizó que “los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”. El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales”, comentó.
Protestas continúan en Argentina
En relación a estas medidas, el miércoles pasado, algunas organizaciones sociales y sindicales se manifestaron en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de las protestas de diciembre de 2001. Estas protestas llevaron al conocido ‘corralito’ bancario y a la dimisión del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001).
La Confederación General del Trabajo (CGT), la federación de sindicatos argentinos, no participó en las movilizaciones de la semana pasada, por lo que podrían hacerse presentes dirigentes y simpatizantes en la probable movilización de de la CGT mañana en Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei, el cual está pendiente de aprobación por las cámaras argentinas y supone la práctica desregulación de toda la economía de Argentina.