Comisión Interamericana de DDHH pide condena a Perú por culpa de fujimorismo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó en una audiencia ante la Corte Interamericana que el Estado de Perú criminalizó los servicios de salud brindados por el médico Luis Williams Pollo Rivera, acusado en 1992 de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso.
"Lo que la Justicia peruana hizo fue criminalizar el acto médico (...) Las pruebas son evidencias de atención médica como tratamientos, cirugías, entrega de medicamentos y víveres, actos claramente médicos", afirmó el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en los alegatos finales ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica.
El caso se relaciona con una serie de alegadas violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Pollo Rivera desde su detención inicial el 4 de noviembre de 1992 (cuando el Poder Judicial era controlado por la dictadura fujimontesinista) y en los procesos que se llevaron a cabo posteriormente en su contra por el delito de terrorismo.
Según la demanda, la detención inicial habría sido ilegal y arbitraria, en incumplimiento de la obligación de informar sobre el detalle de los motivos y en ausencia de control judicial.
Además, dado que estos hechos habrían tenido lugar en el marco de un allanamiento en su consultorio, también se habría perpetrado una injerencia arbitraria en el lugar, según la demanda.
La CIDH indicó que la única prueba que tiene el Estado de Perú de un vínculo de Pollo Rivera con la organización terrorista "Sendero Luminoso" fue la declaración de una mujer que lo reconoció como colaborador, pero que después se retractó y alegó presiones.
Por su parte, los representante de las supuestas víctimas manifestaron en los alegatos finales que en el caso de Pollo Rivera no hubo un equilibrio procesal y que al ser médico debía cumplir con su deber de atender a enfermos y heridos.
"Se debe considerar inadmisible que un médico esté sujeto a la subjetividad de las autoridades peruanas, que sancionaron a Pollo Rivera según su actividad profesional y por atender los derechos de los heridos y enfermos", dijo la abogada Isabela Feijó Sena.
El Estado peruano negó que Pollo Rivera haya sido condenado explícitamente por el hecho de brindar atención médica a pacientes que formaban parte del grupo terrorista Sendero Luminoso y añadió que la sentencia de la Corte de ese país se basó en pruebas.
"Cuando se dice que estaba ligado como colaborador clandestino es porque ellos (terroristas) no acudieron a él por una emergencia médica, no fueron al consultorio, sino que le indicaban a dónde tenía que ir. Él tenía un vínculo y la acción médica no es la que se sanciona sino la fidelidad para llevar a cabo conductas terroristas", expresó el agente del Estado, Luis Alberto Huertas.
Huertas añadió que el contexto debe ser tomado en cuenta en este caso, ya que el órgano Socorro Popular perteneciente a Sendero Luminoso, y del cual, según dice, formaba parte Pollo Rivera, se encargaba de brindar servicios médicos, dar defensa o distribuir propaganda.
El Estado de Perú también indicó a la CorteIDH que un fallo en favor de Pollo Rivera en este caso podría dar a entender que la Corte Interamericana está favoreciendo al terrorismo.
"A futuro deseo que se abstengan de hacer estas afirmaciones sobre un caso que podría ser excepcional. El Sistema Interamericano es pleno en reafirmar y recalcar que el terrorismo no, nunca más, pero las personas tienen derechos independientes de asistencia médica o atención mínima a un ser humano", puntualizó el presidente de la CorteIDH, el brasileño Roberto Caldas.
El tribunal dio un mes para que las partes presenten sus alegatos por escrito y a partir de entonces los jueces analizarán los elementos para emitir un fallo, para lo cual no tienen un plazo límite.
Esta audiencia se enmarca dentro de un periodo ordinario de sesiones de la CorteIDH en el que esta y la próxima semana realizará audiencias públicas por casos contra Guatemala y Bolivia.