​Exigen a Corte IDH justicia por desapariciones forzadas en Perú entre 1984 y 1992
​Exigen a Corte IDH justicia por desapariciones forzadas en Perú entre 1984 y 1992

Familiares de cinco personas aparentemente desaparecidas forzosamente entre 1984 y 1992 durante la lucha antiterrorista en Perú, pidieron hoy en una audiencia ante la  de  (CorteIDH).

"Quisiera que me digan la verdad de qué ha pasado con mi hijo, yo lo sigo buscando, no hay justicia para mí, nadie me dice nada. Pido que me hagan justicia y me entreguen a mi hijo", declaró ante los jueces Marcelina Medina, madre de Néstor Rojas Medina, desaparecido desde el 26 de enero de 1991.

La mujer relató que su hijo era un estudiante de periodismo y locutor de radio que fue detenido por la policía y luego entregado al Ejército sin explicación, y que desde entonces desconoce su paradero.

Otro que presentó su testimonio a la Corte fue Wilfredo Terrones, cuyo padre, Wilfredo Terrones Silva, un abogado que representaba a personas acusadas de terrorismo y presos políticos, desapareció el 26 de agosto de 1992.

"Yo estaba recluido en el penal Miguel Castro Castro acusado de terrorismo y esperaba la visita de mi padre para finales de agosto de 1992 y eso no ocurrió. Mi padre ingresa al penal a una emboscada preparada por agentes del Estado que lo desaparecieron", declaró Terrones.

Terrones dijo que, según le contó un preso político, a su padre lo detuvieron agentes estatales, lo torturaron, lo llevaron a una instalación militar, lo mutilaron con una motosierra y sus restos fueron arrojados al mar.

"Por su trabajo, mi padre era visto como una persona incómoda y hasta como enemigo por el Estado y por eso no se ha interesado por la verdad y hacer justicia. Es muy poco probable encontrar los restos de mi padre si fueron arrojados al mar", expresó.

Terrones pidió a la Corte "que se haga justicia" porque su padre "tenía todo el derecho a ejercer su profesión" y que "se emprenda una búsqueda de los restos de mi padre y determinar qué fue lo que ocurrió con él".

Este caso contra el Estado peruano se refiere a las presuntas desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva (desde el 26 de agosto de 1992), Teresa Díaz Aparicio (desde el 19 de agosto de 1992), Santiago Antezana Cueto (desde el 7 de mayo de 1984), Néstor Rojas Medina (desde el 26 de enero de 1991) y Cory Clodolia Tenicela Tello (desde el 2 de octubre de 1992).

Silvia Serrano, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la Corte, afirmó en la audiencia que estos hechos ocurrieron en el contexto de la práctica sistemática de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado en esa época.

"En los cinco casos la desaparición forzada continúa cometiéndose porque el Estado no ha logrado establecer el paradero de las víctimas. Hay una impunidad total. Hay una condena por la desaparición de Santiago Antezana sobre un responsable, pero el condenado está prófugo", aseguró Serrano.

La representante de la CIDH denunció que el Estado ha dado algunas indemnizaciones "ínfimas" a familias de las víctimas que no suponen "reparaciones integrales", y señaló que "el Estado no ha logrado ofrecer una respuesta eficaz".

La audiencia por este caso continuará mañana miércoles con los alegatos orales de los representantes de las víctimas y de los agentes que representan al Estado.

Después de concluida la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte deliberará para emitir una sentencia en las siguientes semanas.

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