Israelíes contrarios a la ocupación denuncian persecución política

La reciente detención de tres activistas de derechos humanos (dos israelíes y un palestino que trabaja para una ONG israelí), ha avivado las denuncias de "persecución política" a grupos y activistas israelíes que luchan contra la ocupación.

Ezra Nawi, Guy Butavia y Naser Nawayah, colaboradores de Taayush -movimiento que defiende los derechos de los palestinos del sur de Hebrón (Cisjordania)- fueron detenidos en los últimos días tras ser grabados con cámara oculta por miembros de la organización derechista Ad Kan que se infiltraron entre los activistas.

En una de las imágenes, difundidas en el programa de televisión de máxima audiencia "Uvdá", Nawi afirma que denunció a las autoridades palestinas a un palestino que intentó vender tierra a israelíes (prohibido por la legislación palestina) y que este pudo ser después torturado por la seguridad palestina.

Tras la difusión del programa, los tres fueron detenidos y acusados de "contactar con un agente enemigo" y de "estar involucrados en la muerte de un ciudadano árabe", explicó a un reducido grupo de periodistas el abogado de Nawi, Eitán Pelej.

"Es un caso falso. Una investigación política sin fundamento", denuncia el letrado, que añade que la Policía y los medios han retratado a su defendido como "un enemigo del pueblo de Israel", sin que se le haya imputado nada.

Durante los interrogatorios, le preguntaron quién financia sus actividades y su conexión con destacadas ONG de derechos humanos, algo que Pelej considera "indignante" e impropio de una democracia.

Además el abogado considera que, incluso si las acusaciones fueran ciertas, sería dudoso que constituyeran un crimen, puesto que estaría cumpliendo con sus obligación bajo la ley palestina.

"Este es un arresto político para parar nuestra actividad pro derechos humanos en Cisjordania y contra los crímenes y los criminales de la ocupación", protestó Butavia ante las cámaras cuando era conducido ante un tribunal.

Para otra de las abogadas del caso, Lea Tsemel, "el problema es que Taayush ha sido una piedra en el zapato de los colonos desde hace años, con su lucha para preservar los derechos de la tierra, vigilar, informar de las violaciones e impedir la destrucción de casas".

Según ella, "hay una gran campaña contra las organizaciones de derechos humanos, especialmente contra las que trabajan en los territorios palestinos", que llevan acabo "organizaciones de extrema derecha como Im Tirzú, Ragavim y, ahora, Ad Kan".

"El programa de televisión ha dado una excelente oportunidad a quienes actúan contra los trabajadores y abogados de ONG", dice, hecho que se une a acciones legislativas para entorpecer la labor de los activistas.

"Es una caza de brujas, un intento de marginar a las organizaciones de derechos humanos", sentencia.

Para la también abogada Anu Deuelle, lo grave de este caso reside en que las actividades de At Kan para infiltrar "topos" en ONG y buscar algo con las que atacarlas "están financiada por el Consejo de Samaria, es decir, con fondos públicos".

"Que el Gobierno financie a organizaciones para que se infiltren en movimientos sociales" que denuncian violaciones a los derechos humanos de los palestinos bajo ocupación es, afirma, "inaceptable".

Amiel Vardi, de Taayush, ve en este caso una muestra de "cómo la sociedad israelí se está volviendo más y más racista y fascista y cómo avanza el proceso para convertirse en un estado totalitario".

La organización Betselem, una de las que más a menudo está en el ojo del huracán, denunció recientemente "la campaña de desprestigio contra los grupos de derechos humanos", mientras que la ONG Paz Ahora (Shalom Ajshav), ha ido más lejos y acusado al gobierno de "convertir la sangre de cualquiera que se oponga al Gobierno en objetivo lícito".

Yehuda Shaul, de la ONG "Rompiendo el Silencio", que difunde testimonios de soldados israelíes sobre violaciones de derechos palestinos, señaló a Efe que "hay una campaña orquestada desde arriba, desde el primer ministro (Benjamín Netanyahu), la ministra de Justicia (Ayelet Shaked) y el de Educación (Naftalí Bennet), para acallar a cualquiera que hable contra la ocupación, a fin de poder continuar con ella".

El clima actual se ha convertido en un "riesgo de seguridad personal para los activistas", señala Shaul, que afirma que su organización tiene guardias de seguridad fuera de la oficina 24 horas al día.