Palestinos evitan denunciar a policía israelí por miedo a represalias

El grupo israelí de derechos humanos "Yesh Din" (Hay ley) denunció que muchos palestinos evitan presentar denuncias a la Policía israelí debido a la desconfianza y el miedo a posibles represalias, informó hoy la ONG en un comunicado.

Yesh Din, que ha recogido 413 incidentes por razones ideológicas entre 2013 y 2015, asegura que un tercio de los afectados indicaron que "no estaban interesados en presentar una denuncia ante la Policía de Israel".
De los casos registrados en el estudio, 57 no presentaron denuncia por "desconfianza en que los agentes israelíes investiguen sus quejas", de los cuales 17 alegaron que esta desconfianza se basa en su experiencia personal con reclamaciones previas.
Veintidós casos dijeron temer que su reclamación acabara perjudicándoles a ellos mismos o a sus familias, y cuatro que sólo presentarían una queja a través de la Autoridad Palestina ya que ideológicamente no quieren cooperar con las autoridades israelíes.
El resto de los casos sometidos a estudio no especificaron la razón (15 de ellos) o dijeron que se debía a otras razones (dos).
La ONG ha presentado hoy una carta al jefe de la policía del distrito de Judea y Samaria (nombres bíblicos con los que Israel se refiere al territorio ocupado de Cisjordania), Moshe Bareket, en la que le exige que no se prive a los ciudadanos de sus derechos civiles ni se les niegue apoyo por parte de las autoridades.
En un caso paralelo, la ONG Adalah, que vela por los derechos de la minoría palestina con ciudadanía israelí, pidió a Israel que elimine unas regulaciones que deben entrar en vigor próximamente en las que se exige a cualquier empleado no israelí que demande a su empleador israelí depositar de antemano una garantía monetaria, si es que no tiene propiedades en el país.
En un llamamiento a la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y al fiscal general, Avichai Mandelblit, la ONG solicitó que no se apliquen las regulaciones, que afectarán sobre todo a palestinos que trabajan en las granjas de propiedad israelí en el ocupado valle del Jordán.
"En todo lo que tiene que ver con el derecho de una persona a acceder al sistema judicial, la distinción entre empleados que son ciudadanos y aquellos que no lo son, o entre empleados que no tienen propiedades en Israel y los que sí la tienen, es irrelevante", señaló la ONG en su carta.