“Gracias a todos por su apoyo y amor. Tengo tantos mensajes que no puedo responder a todos. Tampoco quiero que se me vuelque el champán”, escribió en la red social Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, tras la decisión de un gran jurado de Nueva York de imputar a Donald Trump por pagarle para que no revelara un encuentro íntimo que tuvieron en 2006 .

La actriz de cine para adultos también destacó en el mensaje que los pedidos para recibir materiales de su marca también están en alza, y que por eso habría demoras. “Gracias también por eso, y tengan paciencia porque las entregas puede que tarden algunos días más”, ha señalado.

La actriz se describe como investigadora y medium de lo paranormal, así como presentadora de televisión, y ha aprovechado su renovada fama para lanzar en 2018 un libro: .

Dicen que la pagaron para que no hable

La causa deriva de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre cómo la Organización Trump registró un reembolso al entonces abogado y mano derecha de Trump, Michal Cohen, después de que Cohen le pagara a la estrella porno Stormy Daniels para que se mantuviera callada sobre un supuesto encuentro sexual que dice haber tenido con Trump en 2006.

Trump estaba filmando su programa de televisión, El aprendiz, en el momento de esa supuesta cita, y estaba casado con su actual esposa, Melania Trump, quien había dado a luz a su hijo, Barron, unos meses antes.

El escándalo en torno a la supuesta aventura, y el posterior pago de dinero por silencio, llegó a los titulares internacionales y desencadenó una batalla legal entre Daniels y el equipo del presidente.

A pesar de los esfuerzos por mantener la historia en secreto, Daniels se ha convertido en una firme crítica del ex presidente y su administración.

Trump niega haber tenido relaciones sexuales con Daniels o haber cometido delitos de ningún tipo.

El enjuiciamiento de Trump en Manhattan se produce más de cuatro años después de que Cohen, quien le sirvió lealmente durante años antes de eso, se volvió contra Trump y comenzó a cooperar con los funcionarios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley en Nueva York.