Cuidadora secuestra a anciana y su hija discapacitada para quedarse con casa donde trabajaba

Al aprovechar del estado de una anciana dueña de una casa y de la hija de esta, una mujer discapacitada, una cuidadora de la adulta mayor se convirtió en ‘propietaria’ de la vivienda y mantuvo secuestradas a las primeras.

Ante una denuncia que reveló la situación de las afectadas, quienes revelaron que la cuidadora había ocupado la casa con sus hijos y que uno de ellos instaló un taller mecánico, las autoridades se hicieron presentes para imponer la ley. Esto sucedió en Río Negro, Argentina.

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Así, la adulta mayor y su hija con discapacidad que se encontraban encerradas en su propia casa, de la cual se había apoderado quien se desempeñaba como cuidadora domiciliaria, recuperaron su vivienda y su libertad.

Durante muchos años, la usurpadora trabajó como cuidadora domiciliaria de una adulta mayor en el domicilio de esta última, en un barrio de la ciudad de Viedma.

Cuando el marido de la damnificada falleció, la mujer encontró propicio el momento para mudarse a la vivienda ajena en compañía de sus dos hijos, uno de los que, además, instaló un taller mecánico en el garaje.

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La situación se agravó con los meses, la mujer y su hija eran víctimas de distintos tipo de violencia: física, psicológica y económica. La cuidadora se había instalado en la vivienda y mantenía a sus dueñas en un estado de absoluta vulnerabilidad, hacinadas y encerradas gran parte del tiempo en una habitación.

Una denuncia anónima ante la Defensoría de Pobres y Ausentes permitió la rápida intervención a través del requerimiento de una medida cautelar y autosatisfactiva con el fin de lograr el cese inmediato de la violencia ejercida en contra de ambas mujeres y evitar nuevos hechos, a fin de resguardar su integridad.

Proceso judicial

El equipo de la Defensoría se hizo presente en el lugar y pudo generar el espacio para hablar sin intermediarios con la damnificada. A partir de ello se requirió la intervención de la Dirección de Adultos mayores de la provincia quien efectivizó ante la Comisaría de la Familia la denuncia permitiendo que el Juzgado de Familia definiera medidas cautelares.

Esa fue la primera determinación tomada por la Defensora oficial interviniente: realizar antes que nada la denuncia ante el fuero civil para que se dispongan rápidamente medidas cautelares de protección. Así, en el término de pocas horas, la Jueza de Familia dispuso la exclusión de la vivienda de la mujer y sus hijos y la prohibición de acercamiento por parte de los tres.

También se prohibió el acercamiento de la cuidadora a menos de 300 metros y el contacto con ambas por cualquier vía (teléfono, redes sociales o incluso, a través de otras personas).

De incumplir cualquiera de las medidas cautelares dispuestas, la mujer podría afrontar también un proceso penal por desobediencia. No obstante ello, la mujer será notificada de una causa penal por los delitos continuados de coacción y amenazas, entre otros. Se espera para tal presentación ante Fiscalía, que la víctima se encuentre en condiciones psicofísicas de dar su testimonio.

La sentencia judicial ordenó además que, a menos de 24 horas de conocida la situación, la cuidadora y sus hijos retiren sus pertenencias del lugar y cierren definitivamente el taller mecánico instalado en un espacio que les era ajeno. Una comisión de la Policía de Río Negro supervisó tal accionar y otro equipo quedó custodiando la vivienda y a las dos mujeres.

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