El Poder Judicial declaró infundado el cese de 24 meses de prisión preventiva solicitado por la defensa de Rodolfo Orellana Rengifo, en el proceso que se le sigue por el presunto pago de una coima de US$25 mil a dos magistrados, a cambio de emitir tres hábeas corpus en favor de los miembros del denominado ‘clan Orellana’. La sala consideró que Orellana no es un reo vulnerable a contagiarse de COVID-19.
El fiscal adjunto superior, Fredy Gutiérrez, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, presentó en la audiencia virtual diversos informes del INPE de Challapalca, donde Orellana Rengifo está recluido, para señalar que su estado de salud no es de riesgo ni lo califica como población vulnerable al coronavirus.
Según el fiscal, el antecedente médico del imputado no representa gravedad, ya que se encuentra controlado y debidamente monitoreado. Además, no presenta cuadro clínico de paciente sospechoso del COVID-19, y esta recluido en un ambiente personal bajo los protocolos y medidas de bioseguridad.
Ya en julio pasado la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró infundado otro pedido para suspender la ejecución provisional de la pena privativa de la libertad, solicitado por Orellana, quien también alegaba riesgo de contagio del COVID-19.
El caso
En esta ocasión Orellana solicita el cese de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el delito de cohecho activo genérico, por haber pagado una coima a los jueces Ever Gutiérrez Aponte y Juan Matta Paredes, utilizando como intermediario al hermano de este último, César Matta Paredes.
Según la tesis fiscal, el objetivo era que ambos magistrados admitan y resuelvan favorablemente tres demandas de hábeas corpus presentadas por su hermana Ludith Orellana Rengifo y Rosalía Vargas Shaus, con el fin de ser excluidas de sus procesos penales.
Antecedentes judiciales
En el 2017 Orellana fue sentenciado a seis años de cárcel por la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), entidad acusada de estafar al Estado. Se le acusó de los delitos de falsedad genérica, estafa y asociación ilícita para delinquir.
El 2018 el PJ lo condenó a cinco años de cárcel a Orellana por el delito de cohecho activo genérico, por haber tenido un celular dentro de su celda del penal de Piedras Gordas, en Ancón.
Además, la fiscal de lavado de activos Marita Barreto ha pedido 35 años de prisión efectiva para él y su hermana Ludith, entre otros procesados, como presuntos líderes de una gigantesca red criminal de tráfico de terrenos que operó durante 12 años.
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