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El expresidente Alejandro Toledo -quien sigue un proceso de extradición en Estados Unidos- incumplió por tercera vez las condiciones del arresto domiciliario que acata en dicho país y mintió sobre ello a las autoridades judiciales, según informó este jueves el juez federal Thomas Hixson, quien lleva a cargo el caso.
En una fecha sin especificar en los últimos días, Toledo abandonó su vivienda junto a su esposa y ex primera dama, Eliane Karp, poco antes de la hora límite que tiene asignada para regresar al hogar, y asistió a cenar a un restaurante del Centro Comercial Stanford, ubicado en el estado de California.
El exmandatario regresó a su domicilio una hora más tarde de lo permitido y al ser consultado al respecto por los agentes del Servicio Prejudicial de EE.UU., encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, les indicó que se había visto involucrado en un accidente de tráfico.
“Fue una mentira sin sentido, puesto que él sabe que lleva un dispositivo de seguimiento por GPS y que los agentes iban a averiguar que no se produjo ningún accidente de tráfico, sino que fue al centro comercial”, dijo el magistrado Hixson en la audiencia, según informó EFE.
Hixson se mostró “muy preocupado” por la actitud de Alejandro Toledo -quien participó de la audiencia a través de videoconferencia- y por su “historial de mentiras”, por lo que consideró que debe “parar”.
“El hecho de que usted haya sido deshonesto en varias ocasiones crea un historial de mentiras. Esto tiene que parar”, manifestó el magistrado.
La celebración del juicio de extradición, en el que las autoridades estadounidenses decidirán si lo entregan al Perú para afrontar el proceso, está fijada para el 23 de septiembre.
Toledo Manrique, presidente del Perú entre el 2001 y el 2006, se encuentra afrontando un juicio de extradición en EE.UU tras ser acusado de recibir un presunto soborno de US$35 millones a cambio de otorgar irregularmente el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III.
La fiscalía ha solicitado 20 años y seis meses para Toledo, a quien acusó de los delitos de colusión y lavado de activos agravado en perjuicio del Estado.
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