La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del declaró procedentes dos denuncias constitucionales contra el excontralor y actual parlamentario de Unión Por el Perú (UPP), .

Las denuncias fueron presentadas por la fiscal de la nación, Zoraida Avalos, solicitando el respectivo antejuicio político. Una es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y la segunda por peculado doloso.

La primera contó con la votación aprobatoria de ocho congresistas y tres abstenciones; en tanto que la segunda denuncia tuvo nueve votos a favor y cuatro abstenciones.

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Según el reglamento del , una vez aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los informes serán presentados ante la Comisión Permanente, que determinará un plazo para la investigación.

Las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación se refieren a hechos desarrollados durante su ejercicio como contralor general de la República.

Como se recuerda, en julio del 2017, fue removido del puesto de contralor por una determinación del Parlamento.

Fue acusado de faltas e irregularidades cometidas durante su trabajo en esa entidad por una subcomisión liderada por el entonces legislador Marco Arana.