El XII pleno jurisdiccional de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, aprobada por el Congreso de la República.
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En el acuerdo plenario 05-2023/CIJ-112, se establece que los jueces no deben aplicar esta ley, argumentando que la relación entre la entidad del delito y la complejidad de su esclarecimiento no puede ser “limitada irrazonablemente” por plazos breves, como los establecidos por esta ley.
El pleno jurisdiccional sostiene que, especialmente en procesos en curso por delitos contra la administración pública, crimen organizado o económicos, no se puede aceptar que los plazos cortos de un año “pueden erigirse en motivo de olvido del hecho punible o que éste se convirtió en historia”.
La declaración de prescripción bajo esta ley resultaría en una “causa irrazonable de impunidad con lesión de la justicia”, pues no da “oportunidad razonable” al sistema de justicia para detectar, esclarecer y juzgar los delitos.
“La Ley 31751 es desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional. Por ello, los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución, no deben aplicarla; deben preferir la norma constitucional referida a la protección de seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional –en este caso de la víctima”, subraya.
Presidente del Congreso apoyó y se benefició con polémica ley
Recordemos que en mayo pasado, el Congreso aprobó la ‘Ley Soto’ con el voto de 87 legisladores, modificando el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales. Esta norma, que reducía a un año el plazo de suspensión de la prescripción para todos los procesos penales, generó polémica al permitir que ciertos políticos, como el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, se beneficiaran evitando procesos judiciales en su contra.
En ese sentido, el propio Soto apoyó dicha ley se acogió en ella, pues permitió la prescripción de un proceso en su contra por el presunto delito de estafa contra la empresa Waynapicchu S.A., en Cusco.