Fiscal Pérez y Giuliana Loza
Fiscal Pérez y Giuliana Loza

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, aseguró que la abogada de Keiko Fujimori, Giullina Loza, ha incitado a los simpatizantes de su defendida a que ejerzan violencia en su contra y contra su familia.

“Llama la atención la actitud que está teniendo la abogada Giulliana Loza agraviándome, agraviando a mi familia, dando apreciaciones falsas e informando de una manera que no se condice con la verdad. Como representante del Ministerio Público, he puesto en conocimiento al señor juez, indicando que debe haber un llamado a la reflexión a la señora Giulliana Loza. El hecho de que ejerza la defensa implica que tenga deberes y tenga límites. No se puede estar informando falsamente. No se puede incitar a los simpatizantes de Keiko Fujimori a la violencia contra mi familia o en contra mía”, dijo a su salida de la audiencia de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Sin embargo, el fiscal Pérez Gómez señaló que, dado que el juez titular de la sala, Víctor Zúñiga no acogió su pedido, recurrirá al Colegio de Abogados de Lima (CAL) para que exhorte a la abogada de la excandidata presidencial a que cambie su comportamiento.

“He pedido que le llamen la atención (a Loza). El juez con el ánimo de conducir la audiencia nos ha comunicado que esta se va a llevar a cabo (sin acoger su pedido), así que tendré que hacer llegar este pedido a través del Colegio de Abogados para que se le pueda hacer esta exhortación”, sostuvo.

Esto se suma a los custionamientos que hizo el representante del Ministerio Público el pasado 31 de diciembre cuando pidió al juez que exhorte a la abogada a que adecue su comportamiento por los comentarios que hizo en su cuenta de Twitter en su contra.

En aquella oportunidad, Pérez señaló que los tuits de Loza "generan ataques constantes no solo a mi familia, sino también a mí por cumplir una función de defensa de la sociedad”.

Keiko Fujimori afronta un nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses, luego de que el Tribunal Constitucional decidiera dejar sin efecto la medida que la mantuvo en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por más de un año, desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019.

La lideresa de Fuerza Popular es investigada por presuntamente liderar una organización criminal, cuya principal función sería la de lavado de activos.