Mientras espera el inicio del juicio oral en su contra, programado para el 23 de septiembre, y el desarrollo de este, la exalcadesa de Lima, Susana Villarán, no podrá salir del país.
El juez Jorge Chávez Tamariz impuso el impedimento de salida del país por 36 meses a pedido del fiscal José Domingo Pérez para garantizar su presencia en el proceso por el caso de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas de no a la revocatoria (2013) y reelección fallida (2014).
Villarán y los demás acusados han sido convocados para estar presentes en la audiencia, pero ella optó por participar de manera virtual.
Desde su casa hizo uso de la palabra. “No he tenido ese interés (de salir del país). Ni voy a huir ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, tanto los físicos como los virtuales en el GPS, prácticamente estoy en mi domicilio legal todo el tiempo”, dijo.
Luego, rechazó que ella tenga algo que ver con la muerte de José Miguel Castro, su exgerente municipal, y que era el principal testigo. “…Que deslicen que yo constituya un riesgo. ¿Por qué no lo dicen claramente?”, preguntó.
Lluvia de millones
La fiscalía acusa a Villarán de haber liderado una red criminal que lavó más 11 millones de dólares mediante los aportes mencionados y que favoreció ilícitamente a las constructoras brasileñas desde la municipalidad. Se pide 29 años de cárcel en su contra.
El juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal para que se le impida comunicarse con testigos y coacusados de su juicio.