Proteger el medio ambiente y los recursos naturales en el Perú se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Los peligros se incrementaron en nuestro país incluso en la pandemia, pues desde marzo del 2020, se registraron los casos de 10 personas asesinadas por ser defensores ambientales, y de los cuales 8 eran integrantes de comunidades indígenas.

Frente a este aumento de amenazas contra los protectores ambientales y la intensificación de la minería ilegal y narcotráfico en regiones donde se ubican las Áreas Naturales Protegidas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) propició un amplio debate con el fin de construir políticas públicas para lograr una Amazonía sostenible y un territorio más seguro para las poblaciones indígenas.

Durante el debate virtual “Amazonía y territorio: propuestas para una gestión integral”, que formó parte del evento “El Perú que necesitamos: propuestas para una agenda de desarrollo sostenible”, los expertos resaltaron la implementación del mecanismo intersectorial en defensa de las personas defensoras de los derechos humanos, el cual fue aprobado en abril pasado, y la necesidad de una ley para su protección. Este mecanismo busca evitar que ocurran muertes violentas de líderes indígenas a través de una prevención efectiva, rápida protección y acceso a la justicia.

Silvana Baldovino, directora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, refirió que “perder un defensor es mellar en nuestra confianza, en nuestra identidad y en nuestro liderazgo positivo que queremos como país”.

El excongresista Alberto de Belaúnde sostuvo que es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. “Lo que permite este acuerdo es disminuir el conflicto social, transmitir un mensaje hacia la seguridad jurídica y las inversiones”, detalló.