Ica en los últimos dos días, se registraron enfrentamientos con la Policía, agresiones al chofer de una ambulancia, quema de la misma, cobro de cupos por transitar, entre otros actos de violencia. (Foto: GEC)
Ica en los últimos dos días, se registraron enfrentamientos con la Policía, agresiones al chofer de una ambulancia, quema de la misma, cobro de cupos por transitar, entre otros actos de violencia. (Foto: GEC)

La Defensoría del Pueblo condenó los hechos de violencia ocurridos los días 21 y 22 de diciembre en la región Ica y en La Libertad, donde se registraron los por parte de los trabajadores del sector agroexportador que exigen una la nueva ley agraria.

Ante esos actos, la institución recordó que el derecho a la protesta tiene como condición indispensable que sea ejercido de manera pacífica.

A través de un comunicado, precisó que nadie puede protestar afectando los derechos de otras personas o creando una situación de riesgo para la vida, la integridad, la salud, la propiedad o la tranquilidad de las demás personas, más aún cuando estas no son responsables de aquello que se reclama ni tampoco de resolverlo.

“Sostenemos de manera firme que la Constitución y las leyes no amparan en ningún caso la protesta violenta, cuyas consecuencias caen en la esfera del derecho penal”, se lee en sus redes sociales.

La Defensoría señaló que este conflicto social, donde se demanda de la derogatoria de la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, Ley N° 27360, ya fue atendido por el Ejecutivo y Legislativo.

Recordó que las autoridades llegaron hasta Ica a sostener reuniones presenciales con representantes de los trabajadores. Y, actualmente, el Congreso de la República se encuentra abocado a la elaboración de una nueva ley agraria. Es decir, no es un conflicto en el que las puertas del Estado se hayan cerrado para los trabajadores.

“El Parlamento se comprometió a promulgar una nueva ley agraria en 15 días. No obstante las dificultades para cumplir con este plazo, se espera el mayor esfuerzo posible para llegar al más amplio consenso a nivel de las bancadas parlamentarias, los trabajadores agrícolas y los empresarios agroindustriales”, indica la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo indicó que continúa su trabajo en las zonas de las protestas, coordinando la respuesta humanitaria con las autoridades locales, e invocando a la población a evitar actos de violencia que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.

De la misma manera, exige a la Policía Nacional del Perú que en el restablecimiento del orden interno se respeten los derechos de las personas y se haga un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza.

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