Dictan segunda prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional de Áncash

El Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, como parte de las investigaciones que se le sigue por las presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la construcción e implementación del ambiente para pacientes con coronavirus en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.

Esto fue confirmado por el medio de comunicación Radio Santo Domingo (RSD), de Áncash, donde señala que fue el fiscal del caso, Robert Rojas Ascón, quien brindó esta información de primera mano.

Según el referido medio local, esta nueva prisión preventiva contra Morillo es por el lapso de 10 meses. Fuentes del Ministerio Público señalan que hoy mismo fue notificado Morillo de la decisión judicial.

Cabe recordar que a mediados de abril el titular de la Octava Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, Robert Rojas Ascón, solicitó esta prisión preventiva contra Morillo, así como de ocho de sus exfuncionarios y una empresaria, por presuntas irregularidades en la obra antes mencionada. Este requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Es así que las audiencias respectivas iniciaron el 27 de abril y culminaron el martes 4 de mayo.

Desde la Fiscalía también indicaron que a las 10 personas involucradas se les investiga por el presunto delito de colusión agravada por presuntas irregularidades en la adquisición de equipamiento médico y construcción de infraestructura COVID-19 en el Hospital Victor Ramos Guardia de Huaraz.

Por otro lado, Juan Carlos Morillo también cumple otra prisión preventiva por nueve meses (desde diciembre 2020), luego que la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, en Huaraz, confirmara tal decisión en el marco de la investigación por presunto delito de colusión.

Este proceso de investigación fue por presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido en la construcción de ambientes para pacientes COVID-19 en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.

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