Abimael Guzmán, fundador y cabecilla del grupo maoísta terrorista Sendero Luminoso, reapareció hoy martes durante el juicio que se le sigue por un atentado en Lima en 1992 y reclamó ser visto por un médico que verifique su salud, que asegura está deteriorada porque médicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no lo curan.
"Hace un mes que estoy enfermo, no puedo comer, mi ropa me queda holgada. ¿Quién me atiende?", preguntó Guzmán a los magistrados de la Sala Penal Nacional, en la base naval del Callao, cuartel donde cumple actualmente cadena perpetua por crímenes contra los derechos humanos y terrorismo.
"He venido simplemente para decirle a la sala por qué no he venido antes. Cuando va un médico (a verlo a su celda) me pregunta: '¿qué tiene?'. Cumple con ir pero no hace lo que le corresponde. Sino, ¿cómo sigo enfermo?", contó el líder senderista de 82 años, capturado en 1992.
"Pido un médico que me vea, que yo pueda solventar, porque no confío en los médicos del INPE (Instituto Nacional Penitenciario)", reclamó.
El juicio se aplazó el mismo día que comenzó, el 14 de febrero, porque Guzmán no compareció al sufrir un cuadro diarreico agudo.
Abimael Guzmán apareció decaído, con amplia barba y cabello canoso, vistiendo camisa azul y pantalón gris. En todo momento mantuvo la mirada gacha, sin observar al tribunal. Sólo conversaba con su esposa Elena Iparraguirre, la número dos de Sendero Luminoso y también juzgada por el atentado.
El juez René Martínez, presidente de la Sala Penal Nacional, dispuso notificar al INPE que un especialista en geriatría examine al acusado y que se analice la posibilidad de que un médico particular pueda revisarlo.
En el inicio de la audiencia se leyó un parte médico, según el cual el fundador de Sendero Luminoso tiene la presión estabilizada, aunque precisa que debe estar acompañado por un médico geriatra y necesita atención odontológica.
JUICIO. Abimael Guzmán y a otros once dirigentes de Sendero Luminoso son juzgados por un atentado con explosivos perpetrado en la calle Tarata, en el distrito limeño de Miraflores, en 1992, que dejó 25 muertos y más de un centenar de heridos.
Por este caso específico, la fiscalía solicita que los acusados sean condenados a cadena perpetua y al pago de 400.000 soles (unos 122.000 dólares) como reparación civil a las víctimas.
Sus abogados consideran que los líderes no tuvieron que ver en este atentado y que fue realizado por mandos inferiores. Además, recuerdan que sus clientes ya cumplen cadena perpetua.
En nuestro país, las condenas no son acumulables.
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