Este 16 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha que busca concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad y las barreras que aún enfrentan en nuestra sociedad. Una de las principales dificultades es el acceso a la justicia, que no solo limita su participación en procesos judiciales, sino que también perpetúa situaciones de discriminación y violencia.
Con el fin de cambiar esta situación, se llevó a cabo el curso especializado “Discapacidad y Violencia de Género en el Marco de la Ley 30364″, que contó con la participación de alrededor de 300 jueces y servidores judiciales de las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Callao, Puente Piedra-Ventanilla, Puno, Loreto, Piura, Lambayeque y Ancash.
La capacitación virtual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de jueces, juezas y servidores judiciales en el tratamiento y la atención de casos de violencia de género hacia personas con discapacidad, garantizando así una respuesta judicial efectiva y sensible a las necesidades de este grupo vulnerable.
El curso se realizó en coordinación con el Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad (CPAJPCV), junto a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú (Frater), en el marco del proyecto “Consolidando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencia y discriminación en Perú”.
Maritza López Adriano, coordinadora nacional de Frater, resaltó la importancia de capacitar a los operadores de justicia no solo para sensibilizarlos, sino también para asegurar una atención basada en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo así una vida libre de violencia y discriminación.
Entre los temas abordados en este curso se incluyen: discapacidad y enfoque interseccional, modelo social de la discapacidad, discriminación múltiple e interseccional, violencia de género y enfoque de género, derechos de las personas con discapacidad, y el protocolo de atención judicial para personas con discapacidad, entre otros.
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