La Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior cumplió. el pasado 30 de abril, 150 años de creación y se ha convertido, en este siglo y medio de servicios, en una institución de vital importancia para el desarrollo de la sociedad peruana y de su seguridad interna. Con un total de 829 autoridades políticas designadas, entre prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales, es el inicio del reclamo y preservación de los derechos de la ciudadanía. Su actual director es el doctor Jorge Ortiz Marreros, quien realiza las coordinaciones a nivel nacional.
Solo entre enero y agosto del 2022, las autoridades políticas reportaron un total de 2500 conflictos sociales a nivel nacional. Aunque su labor no es muy difundida, los prefectos, subprefectos, así como los gobernadores, son los primeros en ser llamados por la población cuando hay un conflicto social.
Por ejemplo, en La Libertad, la prefecta regional Carolina Velasco, promovió el diálogo con un grupo de manifestantes que bloqueaban la carretera de Chao y logró que la vía sea despejada a principios de año. En Cusco, la prefecta Grethel Pino, se reunió con los representantes del programa Pensión 65 para apoyar a los adultos mayores de dicha región.
En Lima, la subprefectura distrital de La Victoria-San Luis, desestimó una demanda de alejamiento de una madre de familia contra otra joven mamá, al comprobarse que carecía de sustento. Mientras tanto, en Tacna, el prefecto regional, Stephen Ugarte Dávila, viene encabezando el comité de emergencia por los ciudadanos varados en la frontera.
En Áncash la Prefectura Regional participó en le firma del pacto por la primera infancia con la finalidad de reducir los indicies de anemia y desnutrición crónica en la región.
Entre las funciones de estas autoridades también figuran gestionar y otorgar garantías personales y de violencia familiar y contra la mujer, en el ámbito de sus jurisdicciones. Prueba de ello es que el año pasado las prefecturas y subprefecturas recibieron más de 20 mil solicitudes de garantías personales y de violencia familiar, y emitieron unas 10 mil resoluciones de garantías personales otorgadas y remitidas a las comisarías.
En otras de sus funciones también figuran gestionar y otorgar garantías personales y de violencia familiar y contra la mujer, en el ámbito de sus jurisdicciones.
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