El Poder Judicial destituyó a la jueza supernumeraria Leny Zapata Andía, luego de que dispusiera la libertad de siete detenidos en un búnker de Pachacámac, pese a que eran miembros de una banda que poseía armas de fuego y una granada de guerra.
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Según la resolución administrativa, el presidente de la Corte Superior de Justicia Lima Sur optó por dejar sin efecto la designación de Zapata Andía como jueza supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac con sede en Manchay de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. La decisión fue compartida mediante un comunicado en el que se indica que se presentó la solicitud correspondiente ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Lima Sur para que inicie las diligencias pertinentes.
“Se procede al retiro de la confianza depositada en la abogada Leny Zapata Andía para el ejercicio del cargo conferido y, consecuentemente, el cese de sus funciones como jueza supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac, atendiendo al pronunciamiento derivado de la Autoridad de Control de Lima Sur (...) sobre presuntos hechos irregulares en la emisión de la resolución que resolvió declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público con fecha 06 de diciembre de 2023″, se lee en el oficio.
Cabe mencionar que, el Poder Judicial aseveró que la Zapata no incluyó en la investigación al extranjero José Antonio Ríos Gil, también detenido en el búnker. Dicho delincuente le disparó a dos policías en San Juan de Lurigancho, quienes quedaron gravemente heridos.
28 extranjeros capturados fueron liberados
Hace solo un par de días, 28 ciudadanos extranjeros, capturados en un megaoperativo el 21 de noviembre en una lujosa casa de campo en Villa Mora, Pachacámac, que funcionaba como una base de operaciones, fueron liberados por decisión de los representantes del Poder Judicial y Fiscalía.
Para la Policía, los sujetos, que registran antecedentes delictivos, pertenecerían una facción del “Tren de Aragua” y se dedicarían al cobro de cupos, extorsión, proxenetismo y otros crímenes, en diferentes zonas de Lima Metropolitana.
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