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La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se pronunció tras el pedido formulado por la Defensoría del Pueblo al Instituto Nacional de Salud (INS) para garantizar atención a los voluntarios que participan en el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Sinopharm.
En un comunicado, la UPCH precisó que no le corresponde brindar atención ni tratamiento médico si el voluntario se contagia de coronavirus (COVID-19) y que eso ha quedado establecido en el reglamento del ensayo clínico y en el consentimiento informado que firmó el participante.
“La Universidad Peruana Cayetano Heredia, como patrocinador, es responsable de brindar atención y tratamiento médico gratuito en caso el voluntario sufriera algún efecto adverso generado directamente por la inoculación de la vacuna en investigación, mas no así por el contagio del COVID-19 a causa de la pandemia”, indicó el centro de estudios superior.
No obstante, asegura que ha apoyado y seguirá apoyando “en la búsqueda de la atención médica necesaria más allá de las obligaciones estipuladas en el consentimiento informado que cada voluntario tuvo conocimiento y firmo en señal de aceptación”.
“El equipo de investigación realiza el monitoreo permanente, evaluando a los pacientes que desarrollan el COVID-19, sin embargo, no puede ordenar la hospitalización o del ingreso a las unidades de cuidados intensivos en los diferentes nosocomios. Cuando es posible, se efectúan gestiones, pero estas pueden ser infructuosas debido a la crítica situación sanitaria del país, donde existe escasez de camas hospitalarias y de camas UCI”, expresó.
Por ello, la UPCH exhortó a todos los voluntarios y a los ciudadanos a que continúen “respetando escrupulosamente” las medidas sanitarias para evitar el contagio.
Reiteró su pedido a las autoridades para que aprueben el levantamiento del ciego del estudio para así inmunizar a todos los voluntarios que no recibieron la vacuna de Beijing.
El caso
Este miércoles, la Defensoría del Pueblo indicó que su pronunciamiento se da luego de conocer las denuncias de voluntarios sobre una “falta de atención oportuna” y de “no poder acceder a una cama UCI”, pese a que, según dijo hay “compromisos suscritos para que se les brinde todas las condiciones necesarias para su atención ante cualquier eventualidad”.
Incluso, detalló el caso de Juan Francisco Quiñones Miranda, quien luego de sumarse como voluntario, presentó síntomas de COVID-19, pero cuando sus familiares solicitaron apoyo al Hospital Regional de Chimbote se generaron una serie de problemas que impidieron su atención oportuna. Lamentablemente, él falleció 15 días después de dar positivo.
Además, recordó la situación de Omar Salazar Seminario, voluntario que, tras presentar síntomas en los últimos días y agravándose su estado de salud, sus familiares solicitaron al Hospital Cayetano Heredia que lo atiendan, pero les indicaron que no contaban con camas UCI.
