La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro abrió investigación preliminar para esclarecer las diversas irregularidades que se habrían cometido en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el proceso de adquisición de 69,200 mascarillas tipo N95 y 546,800 guantes descartables valorizados en un total de S/ 660 mil 320.
El caso, a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, involucra a los proveedores Michel Lanao y Biobysa SAC, cuyos contratos para la dotación de mascarillas y guantes, respectivamente, prosperaron a pesar de que el primero tiene como principal rubro económico el de construcción de edificios; y el segundo, prendas de vestir y calzado, así como una deuda coactiva con el Estado.
Ambos proveedores, quienes además no habrían cumplido con las especificaciones técnicas requeridas, serán investigados junto a los que resulten responsables de este presunto direccionamiento y/o favorecimiento, por los delitos de colusión y alternativamente negociación incompatible.
Como parte de las primeras diligencias, la mañana de ayer el fiscal adjunto Erik Rojas Oscátegui y policías de la DIRCOCOR ingresaron a la oficina de Logística de la Municipalidad, así como al domicilio legal de Michel Lanao, a fin de recabar documentos referidos al mencionado proceso de contratación directa. En la dirección de Biobysa SAC no se encontró a nadie.
Cabe indicar que, durante la diligencia en el local edil, el gerente municipal señaló que ya no quedaba ningún material de bioseguridad para ser entregado como muestra al representante del Ministerio Público. Sin embargo, una vez culminada la diligencia hicieron llegar dichos elementos al despacho fiscal lo cual fue consignado en la respectiva acta.
Entre las demás presuntas irregularidades que, según un informe de la DIRCOCOR, se habrían también cometido en este caso se precisan un estudio de mercado que no consigna los proveedores cotizantes ni la marca de los productos; la cotización separada de un mismo producto con el presunto fin de fragmentar la compra, así como la falta de valor referencial de los bienes a adquirir en las respectivas bases administrativas.
Debido a la complejidad del caso y a las circunstancias de los hechos objeto de investigación se estableció un plazo de 240 días para realizar las diligencias necesarias tales como pericias valorativas y económicas, declaración de los funcionarios, servidores y proveedores que participaron en dicha contratación, entre otras.
