Difícil de creer que en el Perú haya gente que se oponga a la norma dada en las últimas horas por el Ejecutivo para incrementar sanciones penales a quienes tomen carreteras, puertos o aeropuertos durante cualquier protesta, la cual es válida y constitucional mientras no se afecte los derechos y no se ponga el peligro la vida de los demás. Quién en su sano juicio puede oponerse a una disposición que pone contra las cuerdas a los vándalos y los delincuentes que cierran vías. Dicen que están “criminalizando la protesta”, cuando en verdad se está poniendo autoridad en un país donde la piedra y la llanta quemada no pueden estar por encima del derecho de los ciudadanos a circular libremente. Además, las tomas de carreteras, puertos y aeropuertos afectan a la economía, especialmente a la de quienes ganan a diario unas cuantas monedas para llevarlas a casa. Si quieren protestar, háganlo en paz y sin afectar a los demás.