En el 2023 que se acaba, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte deja una gran deuda con la ciudadanía en lo que a lucha contra la criminalidad se refiere. Es poco o nada lo que se ha avanzado en el primer año de gestión de la señora que si bien en un primer momento tuvo que sobrevivir a los embates de la izquierda castillista, golpista y violenta, luego ha contado con tiempo para trabajar con el objetivo de poner en vereda a asesinos, ladrones, extorsionadores, marcas, tratantes de mujeres y demás escorias que se han convertido en un dolor de cabeza para los peruanos. Si Dina es impopular, en gran parte es porque no ha logrado reducir la violencia en las calles. Se habla mucho, pero se hace poco. Por ejemplo, en Fiestas Patrias anunció la expulsión de extranjeros ilegales. ¿Alguien ha visto si algún venezolano con problemas con la justicia ha sido echado? Al contrario, la justicia, que es parte del Estado, lo trata con guantes de seda. Todo mal. ¿Cambiará el panorama en el 2024?