Las pistas y carreteras en el Perú siguen siendo tierra de nadie donde es casi imposible hacer que reine el principio de autoridad. En las últimas tres semanas, al menos 30 personas han perdido la vida en carreteras de diferentes regiones del país, mientras en las ciudades los inspectores de transporte son salvajemente golpeados por delincuentes que trabajan como choferes o cobradores en unidades de transporte público. No es novedad venir a enterarnos, luego de un accidente u otra situación lamentable, que los conductores y unidades protagonistas acumulan un rosario de sanciones que en cualquier país civilizado les impediría seguir circulando. ¿Por qué acá no podemos librarnos de estos lastres? ¿Qué normas los protegen? El Congreso debería legislar para sacar de las vías a quienes son un peligro público. El martes último tuvimos 17 fallecidos en Ayacucho y, si no se toman acciones decididas, esto sin duda va a continuar.