Ayer la Policía Nacional desactivó dos explosivos en San Juan de Lurigancho, frustrando así el accionar de los extorsionadores que, pese al estado de emergencia que está vigente en ese distrito de la capital, poco les importa y continúan sembrando terror en la población, en especial entre empresarios, emprendedores y comerciantes. Otra fue la realidad para los conductores de la empresa de transporte público Translima, cuyas unidades se vieron afectadas tras la detonación de un artefacto explosivo en El Ermitaño, en el distrito de Independencia. Las víctimas confesaron a la Policía que venían siendo extorsionadas para que paguen cupos de 5 mil y 10 mil soles. La realidad es preocupante, y algunas autoridades como el alcalde de Lima han calificado este accionar como “terrorismo urbano”. Aunque la presidenta Dina Boluarte está dentro del plazo de 72 horas para designar al nuevo ministro del Interior, esperemos que la demora sea porque está evaluando diversos prospectos. Que la mandataria no tarde mucho, pues el hampa no da tregua.