Sin disposición alguna para ponerse a derecho, el expresidente boliviano Evo Morales (65) denunció ayer ser “víctima” de una guerra jurídica o lawfare de su exaliado y sucesor, el mandatario Luis Arce, para entregarlo detenido como “trofeo de guerra” a Estados Unidos.
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Evo Morales y Luis Arce libran una batalla que fracturó el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que 18 años gobierna Bolivia.
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La disputa se ha manifestado en el Parlamento, en las calles y hasta en redes sociales.
Orden de detención
Un día después de que la fiscalía pidió reactivar una orden para su detención, al formalizar su imputación por el presunto abuso sexual a una menor cuando fue jefe de Estado en 2016, el líder indígena aseguró que “el Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente”.
¿Trata de personas?
El último lunes, la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez presentó “una imputación formal” contra Evo Morales e Idelsa Pozo (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado” y espera la audiencia judicial.
Morales es investigado desde septiembre por delito de trata agravada de personas en el presunto abuso a una menor de 15 años con quien tuvo una hija. La Fiscalía, que emitió una primera orden de detención en octubre y que Evo Morales eludió con recursos judiciales, vuelve a pedir detenerlo.
Atrincherado
Desde 2023, el político se atrincheró en su feudo del Chapare, en el centro de Bolivia, y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido por tres cordones de seguridad para evitar su detención. Según Evo Morales, inhabilitado para postular en las elecciones presidenciales de 2025, no respetan sus derechos constitucionales.
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