El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), reclamó ayer la intervención del Ministerio Público y de la Comisión de Ética a raíz de la denuncia por presunto recorte de sueldos y contratación de familiares de la legisladora Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial).
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En efecto, el Ministerio Público tomó la “notitia criminis” y en cualquier momento abrirá una investigación de carácter penal a la congresista Lucinda Vásquez.
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Es decir, de toda maneras, la congresista será investigada en el grupo de los presuntos “mochasueldos”.
Prohibida contratación
“Las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio Público, formularán la denuncia penal que corresponda y se investigará. Estoy seguro que la Comisión de Ética, de oficio, tendrá que asumir el tema y de acreditarse los hechos, sancionar como corresponde”, enfatizó.
Subrayó que “es evidente que está prohibida la contratación de (familiares como) personal de los congresistas”, lo que ”de acreditarse es absolutamente ilegal”.
Caso
Cuarto Poder reveló que al menos tres sobrinos de la parlamentaria por la región de San Martín trabajan en su despacho: Jimmy Pinchi Pezo (coordinador de despacho), Edwar Rengifo Pezo (auxiliar de despacho) y Kenyi Castro Rivas (técnico de despacho) con sueldos de S/3146, S/3600 y S/7200, respectivamente.
Y, para pagarles, descontaba sueldos de su demás personal, siempre según el informe de Cuarto Poder.
Familiares
La congresista Lucinda Vásquez dijo “no, no, para nada”, cuando se le preguntó si contrató a familiares.
En Canal N, el abogado penalista Julio Rodríguez explicó que en este caso se estarían configurando los delitos de concusión, peculado y usurpación de funciones, además de faltas administrativas por nepotismo.
Esta semana, la Comisión Permanente abordará algunos de los casos de los congresistas denunciados como “mochasueldos”.
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