La friolera de S/190,000 de dinero del Estado, de fondos públicos de todos los peruanos, asignó el Congreso para pagar a las defensas legales de cuatro parlamentarios de bancadas aliadas al gobierno de Dina Boluarte que son investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
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Aunque ello se enmarca en la ley, es cierto, indigna a un gran número de ciudadanos por el ínfimo apoyo ciudadano del que goza en Congreso. Son sospechosos de delitos y el Estado les paga los caros abogados que los investigados eligen.
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Congreso, Ejecutivo, Poder Judicial y Policía son instituciones cuestionadas por la opinión pública en las encuestas.
Gran gasto
El tremendo gasto lo reveló un informe del portal de investigación OjoPúblico, al señalar que, de acuerdo al Departamento de Abastecimiento del Congreso, se autorizó el pago de S/189,710 para los abogados de los legisladores Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), Luis Kamiche (Alianza Para el Progreso), Óscar Zea (Bloque Magisterial) y César Revilla (Fuerza Popular).
Soto y su abogado
Alejandro Soto, expresidente del Congreso, solicitó S/70,000 para el pago de su abogado, Luis Bramont Arias Torres.
En el caso “La Fiscal y su Cúpula de Poder”, al apepista Alejandro Soto se le investiga por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico.
Fujidefensa
En torno al mismo caso de una supuesta mafia liderada por la exfiscal Patricia Benavides, el congresista fujimorista César Revilla solicitó S/40,710 para su defensa al ser investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Su abogada es Giulliana Loza, del estudio Loza Ávalos, defensora a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Graves imputaciones
Siempre según OjoPúblico, el legislador Óscar Zea solicitó S/39,000 para los honorarios del abogado Carlos Príncipe, quien lo defiende al ser investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en el caso “Los Niños”.
Luis Kamiche recibió S/40,000 para la defensa de su abogado Sergio Antay en la investigación por presuntos delitos contra la administración pública, patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, al presentar proyectos de ley que habrían sido elaborados por la Sociedad Peruana de Energía Renovables, socia de la empresa Huawei.
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