La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que plantea rebajar en 35% las remuneraciones de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, como parte de una serie de acciones de austeridad entre los funcionarios en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19.
Se trata del proyecto de ley N° 05446, el cual detalla que en el caso de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, la reducción se realiza en un 35% de la remuneración y todo concepto percibido por el ejercicio de la función pública.
Asimismo, la propuesta legislativa plantea que se reduzca, de manera excepcional y temporal, hasta el monto de S/ 15,000, el pago de la remuneración y todo concepto que perciban en el desempeño de la labor pública los altos funcionarios.
En este grupo figuran el presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional (TC), presidente del Poder Judicial, vocales de la Corte Suprema, fiscal de la Nación, fiscales supremos y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Así también el defensor del Pueblo, el presidente y miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y el contralor general de la República.
Del mismo modo, el presidente y miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), y todos los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos.
“Redúzcase, de manera excepcional y temporal, hasta el monto de S/ 12,000 (doce mil y 00/100 soles) el pago de la remuneración y todo concepto que perciban en el desempeño de la función pública los funcionarios públicos”, precisa la iniciativa en su artículo 3.
En este caso se incluye a viceministros, titulares de los organismos reguladores y de las superintendencias, así como el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Se agrega a los directores y secretarios generales de los ministerios y viceministerios, presidentes y directores de empresas estatales y demás titulares, así como presidentes o directores de organismos públicos de naturaleza análoga.
La iniciativa propone que con dichas reducciones de haberes se promueva la creación de un fondo solidario denominado “Yo me quedo en casa”, destinado a atender las necesidades básicas de la población, así como a proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
La titularidad y administración de este fondo temporal estará a cargo del Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El Parlamento y la Contraloría General de la República fiscalizarán y controlarán el gasto. La reducción de remuneraciones y todo concepto tendrán una duración máxima de tres meses.
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