El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha fundamentado el reciente allanamiento y registro de la residencia y oficinas de la presidenta Dina Boluarte, basándose en el caso del expresidente Pedro Castillo y en los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución.
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Checkley citó el caso de Pedro Castillo, quien fue objeto de medidas similares en 2022, cuando se realizaron allanamientos en su residencia en Lima y en sus domicilios en Cajamarca. Estas acciones judiciales fueron respaldadas por la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que permite investigar a un presidente en funciones.
“Cabe recordar que, en anterior oportunidad, al resolver un pedido de tutela de derechos en el expediente (Pedro Castillo), este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, analizando los alcances y límites del artículo 117 de la Constitución Política, concluyó, en concreto, que un presidente de la República en funciones sí podía ser investigado preliminarmente”, expresó el magistrado.
Por otro lado, la defensa de la jefa de Estado sostuvo que estas medidas distraen al jefe de Estado de sus funciones, pero el juez consideró que son necesarias para evitar la pérdida de pruebas importantes. La resolución destaca la urgencia de realizar diligencias preliminares en casos graves y de relevancia social.
“La necesidad de realizar diligencias preliminares para evitar la pérdida de fuentes de prueba y de elementos materiales que el mero transcurso del tiempo puede afectar, a veces irremediablemente”, explicó el juez supremo.
¿Cómo se justifica el allanamiento a la casa de Dina Boluarte?
La resolución judicial detalla los fundamentos que respaldan el allanamiento, descerraje, incautación y registro de la residencia y oficinas de la presidenta Dina Boluarte, llevados a cabo durante la noche del viernes 29 y sábado 30 de marzo. Entre los motivos y presuntas actividades ilícitas que justifican estas medidas se encuentran:
- Fiscalía de la Nación explicó que se le acusa a la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito, y del delito contra la fe pública, en la modalidad de omisión de declaraciones en documentos.
- La divulgación en el portal web La Encerrona, el 14 de marzo de 2023, de información que indica que la presidenta Boluarte posee una colección de 14 relojes que exhibe en diversos eventos protocolares, entre ellos un reloj Rolex con un valor aproximado de14,600 dólares.
- La continuación de la publicación en el portal web La Encerrona el día 15 de marzo. En este, se identifica que la presidenta Dina Boluarte también posee un Rolex modelo Datejust, valuado entre 13 y 16 mil dólares.
- El contenido del reportaje emitido por el programa Panorama el 17 de marzo de 2024, en el que el experto David Su identifica tres relojes de la marca Rolex, con valores individuales de 8,000, 10,000 y 14,000 dólares, respectivamente.
- La Fiscalía acusa a Dina Boluarte, primero en su rol como ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República, de abusar de sus cargos durante el período comprendido entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024. Durante es lapso de tiempo agregó a sus bienes tres relojes de la marca Rolex, valuados en conjunto en 32,000 dólares.
- Además, la presidenta Boluarte no incluyó en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas correspondiente a los años 2021 a 2023 los tres relojes de marca Rolex.
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