Dina Boluarte se niega a responder a Procuraduría y deudos por muertes durante protestas

Citada para una declaración indagatoria en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de las decenas de muertes durante las protestas de diciembre y enero contra su régimen, la presidenta Dina Boluarte acudió ayer al Ministerio Público, donde se negó a responder a las preguntas de la Procuraduría y los abogados de los deudos.

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Dina Boluarte guardó silencio ante la interrogantes que se le formularon en la diligencia. La mandataria reclamó cerrar investigación de la Fiscalía. Pidió cerrar caso y se negó a contestar las 47 interrogantes de la Procuraduría y la defensa legal de los familiares de los fallecidos en las protestas.

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Mientras estuvo Boluarte en la sede del Ministerio Público, policías montaron guardia e instalaron rejas en la sede. El Ministerio Público se resguardó para tener en raya a manifestantes contrarios a la presidenta.

Interrumpen declaración

“Hemos tenido que interrumpir esta declaración cuando sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero”, declaró Joseph Campos, abogado de la mandataria que calificó de “irrelevantes” a las preguntas que su patrocinada se negó a responder en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

A pesar de que se trata de una investigación preliminar sobre muertes, el letrado recalcó que “en este momento de la investigación no hay ni víctimas ni victimarios”.

Abre diligencia y punto

Trascendió que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se limitó a abrir la diligencia sin formular una sola interrogante.

Boluarte se negó a contestar las preguntas de los abogados de los deudos y de la Procuraduría General del Estado. Y se remitió a las respuestas brindadas anteriormente, en las que meses atrás deslindó de las operaciones durante las protestas.

¿No será acusada?

Dina Boluarte puede ser investigada por la Fiscalía, pero no acusada mientras sea presidenta, explicó el penalista Julio Rodríguez.

“No se cumplen con los requisitos que el tipo penal de genocidio prevé. No obstante, en esta etapa el Ministerio Público abre una investigación sobre la base de la noticia criminal y las personas que denuncian el hecho y puede llegar hasta antes de la acusación. Esto es lo que faculta el Código Procesal Penal: el presidente en ejercicio no puede ser acusado. Pero sí puede ser investigado”, aseveró en RPP.

Posibilidades en caso

“Concluida la investigación, el Ministerio Público tiene dos posibilidades: la primera es que entiende que los hechos no revisten relevancia penal y tendrá que archivarlos; segunda posibilidad, entiende que sí revisten y estando la presidenta en funciones, no puede ser acusada”, explicó el abogado penalista.

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