Tras conocerse que el fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar las investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por un supuesto lavado de activos ocurrido en las elecciones del 2021, el vocero de esta bancada, Miguel Torres, cuestionó la decisión y señaló que todo se trata de una persecución fiscal.
Según documentos del Ministerio Público, en las indagaciones también fueron incluidos Luis Galarreta, Liliana Takayama Jimenez, Miguel Angel Torres, Karina Beteta y Lindman Miranda Zamalloa.
Además, se recogerá el testimonio de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, así como de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Carmen Velarde del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
De acuerdo a los argumentos fiscales, José Domingo Pérez considera que “resulta útil y pertinente” recabar declaraciones testimoniales adicionales como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento y tenencia de fondos ilícitos.
¿Qué dice Fuerza Popular?
“No tenemos ningún problema con que se investigue. Bienvenidas las investigaciones, pero ¿cómo el señor Pérez que está en el caso Lava Jato, en el caso Odebrecht, puede investigar la campaña del 2021? Mejor sinceremos las cosas. Digamos que esta fiscalía es una fiscalía para perseguir al fujimorismo, para perseguir a la política”, cuestionó Miguel Torres en declaraciones a RPP.
Torres lamentó que se busque indicar que los fondos usados en las marchas e iniciativas ciudadanas para impugnar mesas hayan tenido que ser reportadas como aportes a la campaña de Fuerza Popular.
“La población empezó a hacer sus propias campañas. Según el señor Pérez, todas esas campañas independientes voluntarias que hicieron las personas se tenían que registrar con Fuerza Popular [...] Han redefinido el lavado de activos. Ahora lavado de activos es el reclamo que se hace porque resulta que todo lo que hemos recibido lo entregamos como tasas al JNE. Resulta que el beneficiario de este lavado de activos es el JNE”, señaló.
“Para el señor Pérez nuestra denuncia, que podemos discutir si era correcta o incorrecta, de irregularidades en la segunda vuelta son lavado de activos. Para Pérez, las impugnaciones que presentamos son un acto criminal. Para Pérez, nuestras marchas con distintos partidos políticos con miles de personas, son un acto criminal”, agregó.