Mientras desde el Ministerio Público se reclamó que Estados Unidos expulse sin mucho trámite a Alejandro Sánchez -dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, donde el expresidente Pedro Castillo sostenía reuniones clandestinas-, la Procuraduría solicitó que el empresario pague al Estado S/144 millones por daño patrimonial a raíz de sus actos de corrupción.
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El empresario Alejandro Sánchez dio su predio del pasaje Sarratea para reuniones ocultas en las que, según la tesis fiscal, se planificaron delitos y hasta se entregó coimas a cambio de favores del Estado a empresarios.
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Según la Cancillería, Alejandro Sánchez está en el Centro de Detención del Río, en Texas, sin documentación para ingresar a Estados Unidos.
Extradición larga
El jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, Edgar Rebaza, explicó que no sería necesario iniciar un prolongado y oneroso proceso de extradición, porque Alejandro Sánchez se encuentra en una situación migratoria irregular, al caer en la frontera por entrar ilegalmente, y correspondería su expulsión de territorio estadounidense.
Ilegal en EE.UU.
Detenido por su situación migratoria irregular, procede expulsar al amigo de Pedro Castillo desde Estados Unidos, detalló en RPP.
Alejandro Sánchez es investigado por supuestamente integrar una organización criminal liderada por Pedro Castillo para dar contratos en el Estado y cobrar coimas.
Su situación de irregular -algunos la llaman ilegal- en Estados Unidos debería facilitar la vuelta al Perú de Alejandro Sánchez para que sea investigado y eventualmente condenado.
Pagos millonarios
En el marco del caso “Asesores en la Sombra”, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que Alejandro Sánchez y sus coinvestigados paguen al Estado, en forma solidaria, S/144′336,000 por daño patrimonial.
También se pidió que paguen, en forma solidaria y en el mismo caso, S/2′736,843 por daño extrapatrimonial.
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