​Fuerza Popular se opone a destitución e inhabilitación de Chávarry y Becerril
​Fuerza Popular se opone a destitución e inhabilitación de Chávarry y Becerril

El fujimorismo impidió hoy en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que su portavoz, , y el Fiscal de la Nación, , sean sancionados por su implicación en el escándalo de corrupción judicial desvelado en las altas esferas de la judicatura peruana.

Gracias a la mayoría con la que controla el parlamento, los siete congresistas del partido fujimorista  en esta subcomisión votaron en contra de destituir a los dos funcionarios e inhabilitarlos.

"Ahora es cuando se puede comprobar cómo la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular cierra filas para blindar al congresista Becerril", comentó en redes sociales el líder del Frente Amplio de izquierdas, Marco Arana, integrante de la subcomisión.

El fujimorismo votó en contra de un informe que recomendaba destituir e inhabilitar por cinco años a Becerril por cohecho activo y tráfico de influencias al reunirse con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para presuntamente promover a un presidente de la institución afín al fujimorismo.

También rechazó destituir e inhabilitar a Chávarry por diez años ante una presunta infracción constitucional al recurrir al juez supremo César Hinostroza, supuesto líder de la trama de corrupción judicial, y al empresario Antonio Camayo para conseguir apoyo antes de su asunción como Fiscal de la Nación.

La votación contra la denuncia constitucional a Chávarry también contó con el voto del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, que se sumó a los siete del fujimorismo.

Sendas decisiones de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales serán remitidas a la comisión permanente del Congreso.

El escándalo de corrupción judicial conocido como "Los cuellos blancos del puerto", en el que están involucrados Becerril y Chávarry, desveló en julio una amplia red de influencias, favores y prevaricación instalada en las altas instancias judiciales del país, de la que participaban altos magistrados, políticos y empresarios.

Entre los políticos implicados también está la líder del fujimorismo, , al que se le atribuye el apelativo de "Señora K" de la "Fuerza Número Uno", que dentro de esta trama se reunió con un juez Hinostroza, quien debía decidir si ordenaba archivar una investigación fiscal por lavado de activos contra ella.

Precisamente, el bloqueo del fujimorismo a sanciones contra Becerril y Chávarry se produce horas después de que Keiko Fujimori, sea detenida por diez días al supuestamente haber financiado de manera irregular su campaña para las elecciones presidenciales de 2011 con donaciones no declaradas de la constructora brasileña Odebrecht. 

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